Este viernes, 28 de julio, la Asociación Club de Jóvenes Ambientalistas se pronunció ante la cancelación arbitraria de su personalidad jurídica y sostuvo que acatarán la decisión del Ministerio de Gobernación (Migob).
Mediante el acuerdo ministerial 93-2023 OSFL, el Migob ilegalizó a los Jóvenes Ambientalistas y a otras 15 organizaciones sin fines de lucro, alcanzando así, a más de tres mil entidades «descabezadas».
En ese sentido, la asociación ambiental informó que su Asamblea de Miembros «ha resuelto acatar dicha resolución», pero aclaró que esta «no es una despedida, esperamos siempre seguir contribuyendo a nuestra nación».
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Los Jóvenes Ambientalistas tenían más de 25 años de trabajar en Nicaragua en temas de educación ambiental, incidencias en políticas públicas, conservación y cuido a la biodiversidad.
Asimismo, la organización detalló que a través de sus objetivos han «contribuido a fomentar una sociedad justa, ecológica y solidaria, que promueve la educación ambiental y que ha promovido que miles de jóvenes hoy sean ciudadanos dispuestos a desarrollar participación y ciencia ciudadana»
«En estos últimos tres años la nueva generación de Jóvenes Ambientalistas ha entrelazado un voluntariado que permite que más jóvenes se sumen al trabajo ambiental desde sus comunidades, por los mismos objetivos enfocados en una causa común, el cuido y conservación de la Madre Tierra», destacó.
«A lo largo de nuestras historias, tejimos redes que contribuyeron a la legislación ambiental, educación ambiental no formal, investigación, ciencia ciudadana, y motivamos a otras iniciativas existentes. Esta no es una despedida, y esperamos siempre seguir contribuyendo a nuestra nación», agregó.
Por otra parte, Migob argumentó que canceló la personalidad jurídica de la asociación ambiental debido a que esta no reportó por períodos entre tres hasta 27 años sus estados financieros conforme a períodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones —origen, proveniencia y beneficiario final— y sus juntas directivas.
Además, aseguró que la organización «ha obstaculizado el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB».
En cuanto al destino de los bienes muebles e inmuebles, el Migob estableció que corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua.