Los concejales de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) se reunirán el próximo viernes, 27 de julio, en Bluefields para aprobar en favor de la empresa minera canadiense Calibre Mining, una concesión para explotación de oro que suma un total de 226 mil 83 hectáreas en territorios dentro o cercanos a tierras comunales o protegidas bajo categorías de reserva, lo que representa un peligro ambiental de proporciones alarmantes, denunció la organización ambientalista Fundación de Río.
El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruiz, forzado al exilio por la dictadura Ortega-Murillo por ser un activo critico del régimen, detalló a Artículo 66 que el Concejo Regional de Caribe Sur está controlado por el orteguismo, por lo que dan por hecho que la solicitud de concesión minera será aprobada sin trabas.
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Se trata de cinco solicitudes mineras, todas ellas en beneficio de la empresa de capital canadiense, a través de su subsidiaria en Nicaragua, Calibre Mining Nicaragua S.A., explica el ambientalista, y agrega que, la sumatoria de estas concesiones equivale, prácticamente, a lo que mide la Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM), considerada el ultimo pulmón verde de esta región del continente americano. «Es una barbaridad el área que se le está otorgando a la empresa Calibre Mining», lamentó el activista ambiental.
Cuando se habla de gobiernos «no democráticos» en América Latina, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, es la referencia, que ha cambiado reglas a su conveniencia para perpetuarse el poder, ha disfrazado su régimen despótico para establecer una «electo-dictadura» al punto de ser considerado «un sultán» que reparte el poder y las riquezas del país entre familiares y amigos a su antojo, según deja ver el más reciente estudio del Latinobarómetro, dado a conocer esta semana.
La Corporación Latinobarómetro, que realiza un estudio sobre la situación de la democracia en la región cada año, considera que para el 2023, en esta parte del mundo se ha marcado una «recesión democrática» preocupante y Nicaragua es un punto de referencia, aunque advierte que para este último informe, no se incluyen datos actualizados sobre este país, debido a que no se logró realizar la encuesta, por niveles de inseguridad para los encuestadores que podían ser encarcelados por la dictadura Ortega-Murillo.
El informe señala que, cuando Daniel Ortega se convirtió en dictador en Nicaragua, en América Latina tardaron mucho tiempo en reconocerlo, y fue hasta que nombró a su mujer, Rosario Murillo, como vicepresidenta en 2017, y a la vez se empezó a allanar el camino para perpetuarse en el poder encarcelando a sus opositores, que empezaron a condenarlo.
El periodista Marcos Medina, a quien la dictadura de Daniel Ortega no permitió su ingreso a Nicaragua, denunció ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), en Estados Unidos, esta nueva agresión en su contra.
En conferencia de prensa, el comunicador dijo que tanto él como su familia no tenían planificado quedarse en suelo norteamericano, sin embargo «las circunstancias nos obligan a esto».
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«Ahora me toca empezar de cero; mi hija irá a un nuevo colegio, mi esposa a buscar un nuevo trabajo para poder sobrevivir, de igual forma me pasa a mí, porque en Nicaragua tengo un trabajado formal, y aquí no lo tengo», expresó Medina.
Destacó que la situación que está viviendo, es igual que la de decenas de periodistas que están en el exilio. «A veces nos frustran pero estamos confiados que Dios nos acompaña y que saldremos victoriosos de esto», sostuvo.
Referente a su trabajo periodístico y los motivos por los que el régimen de Ortega le negó el ingresó al país, el periodista manifestó que su labor ha sido pública y que no ha buscado «información en sitios que buscan una alteración en contra del Estado».
El gobierno de España otorgó la nacionalidad a otros siete nicaragüenses del grupo de 317 a los que la administración de Daniel Ortega los despojó de ese derecho. Con este número, suman 97 los apátridas que fueron acogidos por el país europeo.
Lesther Alemán, Francisca Ramírez Torrez, Roberto Danilo Samcam Ruiz, Cristhian Josué Mendoza, John Christopher Cerna, Ligia Ivette Gómez y Roberto Bendaña McEwan son los nicaragüenses expatriados que recibieron la nacionalidad española por carta de naturaleza, según el Boletín Oficial del estado (BOE) de España.