Los concejales de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) se reunirán el próximo viernes, 27 de julio, en Bluefields para aprobar en favor de la empresa minera canadiense Calibre Mining, una concesión para explotación de oro que suma un total de 226 mil 83 hectáreas en territorios dentro o cercanos a tierras comunales o protegidas bajo categorías de reserva, lo que representa un peligro ambiental de proporciones alarmantes, denunció la organización ambientalista Fundación de Río.
El presidente de la Fundación del Río, Amaru Ruíz, forzado al exilio por la dictadura Ortega-Murillo por ser un activo critico del régimen, detalló a Artículo 66 que el Concejo Regional de Caribe Sur está controlado por el orteguismo, por lo que dan por hecho que la solicitud de concesión minera será aprobada sin trabas.
Se trata de cinco solicitudes mineras, todas ellas en beneficio de la empresa de capital canadiense, a través de su subsidiaria en Nicaragua, Calibre Mining Nicaragua S.A., explica el ambientalista, y agrega que, la sumatoria de estas concesiones equivale, prácticamente, a lo que mide la Reserva Biológica Indio Maíz (RBIM), considerada el ultimo pulmón verde de esta región del continente americano. «Es una barbaridad el área que se le está otorgando a la empresa Calibre Mining», lamentó el activista ambiental.
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Las solicitudes que serían aprobadas el próximo viernes son los lotes: Acacia, con 49 mil 644.69 héctareas (Ha). Ágata, 45 mil738 Ha. Amapola, 48 mil 813 Ha. Colibrí, 36 mil 870 Hs. Y Monarca, con 45 mil 15 Ha. Todas ubicadas en la RACCS.
Ruíz advierte que esos permisos de exploración y explotación minera, que muy probablemente otorgará el Consejo Regional de la RACCS «podrían agudizar la situación de deterioro ambiental e inclusive desplazar a más familias de la región sur del país»

Explica el activista que cuando se otorgan estas concesiones, la empresa minera mueve a su personal para la extracción pero «arrastra» con ella a mineros artesanales que se van asentando en las proximidades, lo que representanta mayor deterioro ambiental.
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Calibre Maining se jacta en su sitio Web oficial de ser «el mayor titular de concesión minera en el país», y no es para menos. Según el director de Fundación del Río, esta empresa canadiense actualmente es dueña de 30 concesiones ya otorgadas por el Gobierno de Daniel Ortega y tiene 47 solicitudes en proceso de aprobación.
Secretismo en proceso de concesiones mineras
Ruiz denunció que en el proceso de otorgar concesiones auríferas hay un gran secretismo, sobre todo despues de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y a la Dirección General de Minas (DGM) así como a varios funcionarios involucraos en el negocio del oro, cuyas ganancias, según EE.UU. estarían siendo aprovechadas para enriquecimiento de la familia en el poder «y sus secuaces» y para financiar el proyecto totalitario de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En estos procesos de otorgamiento de concesiones, según denuncia Ruiz, las leyes del país no se están respetando. «Hay un extremo secretismo, no se conocen los procesos de consultas con las comunidades que manda la Ley y tampoco se conocen los estudios de impacto ambiental, todo se maneja en absoluto secreto y eso no es legal», sostiene.
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Ese ocultamiento de información, que es típico del régimen Ortega-Murillo, no permite conocer la localización exacta de las nuevas concesiones, sin embargo, lo que sí asegura el dirigente ambientalista es que «si ocultan información es porque representan un grave peligro para el medio ambiente».