Exilio y destierro son dos maniobras que ha recetado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a sacerdotes de la Iglesia católica de Nicaragua en los últimos años, como parte de la ola represiva en contra del clero.
La tercera entrega del informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», presentado por la abogada e investigadora en temas religiosos, Martha Patricia Molina, señala que al menos 81 religiosos y monjas han sido exiliados, desterrados, expulsados o prohibido su ingreso al territorio nacional.
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La jurista explicó a Artículo 66 que «la dictadura está atacando por todos lados que se le ocurre a la Iglesia católica y una manera de persecución es en contra de de los religiosos, religiosas, seminaristas y laicos, con el objetivo de acabar con el proceso de evangelización que tiene la Iglesia católica».
Asimismo indicó que la mayoría de religiosas de otras nacionalidades han tenido que abandonar Nicaragua porque la Dirección de Migración y Extranjería no les renovó el permiso de estadía en el país. «Se han visto obligadas a salir; no es que se van por voluntad propia, sino que la dictadura las obliga a irse», subrayó Molina.
En cuanto a los ataques a Iglesia católica, el informe señala que en los últimos cinco años —desde el 2018 al 2023— han ocurrido 529 agresiones por parte del régimen de Nicaragua.
«La dictadura —de Daniel Ortega— no cesa la persecución religiosa porque le estorba para sus planes tiránicos la voz profética que emana de los sacerdotes y obispos, a través del evangelio. Ellos simplemente quieren aniquilar a la Iglesia católica», recalcó Martha Patricia Molina.
Obligados al exilio
La lista de sacerdotes, que han tenido que exiliarse para proteger sus vidas, la encabeza Monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Managua.
En 2019, el prelado tuvo que salir del país, luego que la entonces embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, le confirmara amenazas de muerte en su contra.
Aunque la Conferencia Episcopal informó en ese entonces que el obispo había sido llamado por el papa Francisco a Roma, fuentes eclasiásticas revelaron luego que en realidad fue parte de la petición que hizo el Gobierno a la Santa Sede, a través de la Nunciatura Apostólica. La salida de Báez fue un exilio forzado.
El 15 de febrero del 2023, la dictadura de Nicaragua le quitó la nacionalidad a Báez y le confiscó sus bienes, acusándolo de «traición de la patria». Pese a la arremetida en su contra, el jerarca católico sigue demandando justicia y libertad para Nicaragua, así como la exigencia de que monseñor Rolando Álvarez sea liberado.
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Otro de los religiosos que decidió exiliarse fue el padre Edwing Román, quien el tres de agosto de 2021 decidió no regresar de Estados Unidos a Nicaragua luego de amenazas directas de parte de la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo.
El cura dijo en su momento que luego de realizar el viaje al país norteamericano para «celebrar un bautizo», la dictadura aprovechó para arreciar las advertencias en su contra, obligándolo a no volver al país.
La dictadura también le negó la entrada a Nicaragua al padre Guillermo Blandón, párroco de la Iglesia Santa Lucía, de Boaco, quien en septiembre de 2022 se disponía regresar a Nicaragua, luego de realizar un viaje a Israel y hacer escala en el aeropuerto de la ciudad de Miami.
En entrevista con este medio de comunicación, el sacerdote manifestó que la negativa del régimen de Ortega se debe a la persecución religiosa que se vive en el país.
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Entre los últimos sacerdotes que decidieron exiliarse en este 2023, están los sacerdotes Luis Masís Velásquez y Bayardo Antonio Rugama, ambos pertenecientes a la Diócesis de Bluefields. Dejaron sus parroquias para evitar ser encarcelados, denunciaron los feligreses de sus comunidades.
Aunque la Diócesis de Bluefields, cuya sede está ubicada en el Caribe Sur, no ha oficializado la salida de ambos curas, los feligreses denunciaron a medios independientes que los dos sacerdotes eran hostigados constantemente por operarios del régimen, quienes los asediaban y los amenazaban con cárcel, con el fin de silenciarlos.
Sacerdotes desterrados
Además del exilio forzado en contra de sacerdotes, la dictadura desterró a otros religiosos, a los que mantuvo secuestrados en la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocida como «El Nuevo Chipote», acusados por «traición a la patria».
Los religiosos que la dictadura mantuvo encarcelados por más de seis meses y luego despatrió, fueron el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl Vega González.
Los otros religiosos son los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno Sequeira, al igual que el camarógrafo Sergio Cárdenas, los que permanecieron junto a monseñor Álvarez en la Curia Episcopal de Matagalpa, desde el cuatro de agosto. Todos estos fueron desterrados el nueve de febrero, en un grupo de 222 exreos políticos que fueron expulsados en un avión hacia Estados Unidos.
Además, la dictadura les confiscó sus bienes, y los borró del Registro Civil. Misma situación que sufre monseñor Rolando Álvarez, quien además de estar encarcelado y condenado a 26 años de prisión, fue despojado de su nacionalidad.
Para el periodista en temas religiosos Israel González, el ataque en contra de la Iglesia católica de Nicaragua se debe a que la institución religiosa era «la única que seguía hablando acerca de los derechos humanos y el autoritarismo del gobierno».
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Añadió que Iglesia es la única institución que puede hacerle frente a «ese enorme poder estatal y represivo que está en manos de la familia Ortega y Murillo, por eso el ataque es más virulento, que no se compara a los ataques contra otras organizaciones».
Hasta la fecha, la dictadura no ha dado muestras de querer liberar a los religiosos que aún mantiene presos, entre los que están, además de monseñor Álvarez, el sacerdote Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, del municipio de Nandaime, y monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco.
También está privado de la libertad el sacerdote Jaime Montesino, párroco de la iglesia San Juan Pablo Segundo, de Villa Chagüitillo, del municipio de Sébaco, Diócesis de Matagalpa, acusado de menoscabo a la integridad nacional.
Con la detención del padre Montesinos, la dictadura de Nicaragua eleva a cuatro el número de religiosos secuestrados. Además de los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, a los que capturó, los trasladó a Managua y los sometió a una «investigación» por el manejo de la extinta Cáritas, pero luego los liberó «bajo investigación» y ahora permanecen en un seminario por cárcel.
