Diversos informes de organismos internacionales han concluido que el Poder Judicial de Nicaragua carece de independencia. Lo señalan de estar supeditado y responder a los intereses de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja dictatorial que se entronizó en la Presidencia de la República.
Para el exfuncionario judicial Yader Morazán, el Poder Judicial es la «institución de oro» que ha usado el dictador para aplastar a los opositores. «La represión en Nicaragua descansa en la judicialización de la clase opositora», afirmó. Más de 400 personas ha sido condenadas por jueces orteguistas.
El informe anual 2022 sobre Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señala que hay «falta de independencia del Poder Judicial».
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Además, observa que «persisten los patrones de criminalización de las personas opositoras políticas, graves afectaciones a las garantías del debido proceso, detenciones arbitrarias y el uso de la privación de la libertad para reprimir y mantener un clima de temor en la población».
También, que esta situación lo que evidencia es que el funcionamiento del sistema de justicia se encuentra «sometido a la voluntad del gobierno en un claro desmedro del Estado de derecho y de la democracia».
En septiembre de 2022 el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la situación de Nicaragua, en el documento señalan que las sentencias judiciales ilegítimas confirman la deriva represiva del régimen nicaragüense «con la patente connivencia del Poder Judicial», dirigida a silenciar a los disidentes.
La falta de separación de poderes y el control total de las instituciones por parte del régimen ha dado lugar a la dominación del Poder Judicial y de la Fiscalía a la voluntad del régimen, «con el fin de establecer una dictadura», señala el texto. Además, consideran que «los jueces se han convertido en un brazo represor responsable de violaciones de los derechos humanos».
Sistema judicial «cómplice»
La abogada y defensora de presos políticos Yonarqui Martínez explicó a Artículo 66 que Nicaragua cuenta con un sistema judicial «degradado, corrupto, carente de credibilidad y transparencia» que está copado de funcionarios «nombrados de dedo, premiados por ejercer acciones en contra de opositores».
«Esto no es a partir del 2018, recordemos un sinnúmero de personas que fueron perseguidas, procesadas y condenadas con ayuda de jueces y fiscales corruptos en años anteriores al 2018. Es un órgano represor, cómplice de crímenes en contra de inocentes».
Martínez afirmó que en estos cinco años el Poder Judicial ha demostrado una total falta de independencia en sus actuaciones. Esto es debido, según la jurista, al ser controlado por el Ejecutivo y en consecuencia dictan «sentencias ilegitimas en contra de opositores inocentes. Cada día hay más impunidad y menos justicia. Se encarcela a inocentes y se liberan delincuentes».
La insólita condena de 216 años de cárcel
El líder campesino Medardo Mairena fue condenado a 216 años de cárcel por el juez Edgard Altamirano a mediados de febrero de 2019. El judicial determinó que el opositor era responsable de un rosario de delitos, su abogado denunció irregularidades en el proceso.
Mairena fue condenado a 150 años de cárcel por el asesinato de cinco policías en Morrito, Río San Juan. En la sentencia, el juez Altamirano determinó que Mairena fue el «autor intelectual» de la muerte de los oficiales.
También fue sentenciado 30 años por 10 secuestros que le atribuyó la Fiscalía, en calidad también de autor intelectual. Por el delito de terrorismo, el judicial le impuso una pena de 16 años de prisión, 11 años más por crimen organizado, siete por robo agravado y dos años más por daño agravado.
Pedro Mena, otro dirigente campesino, fue acusado junto a Mairena y el mismo judicial lo condenó a 210 años de cárcel. Las dos penas más altas e insólitas que han impuesto los jueces de la dictadura orteguista en los últimos cinco años.
Mairena fue puesto en libertad bajo una Ley de Amnistía en junio de 2019. Fue apresado nuevamente en 2021 y condenado a 13 años de cárcel por el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional». El nueve de abril fue otra vez excarcelado y desterrado a Estados Unidos.
Las fases de la criminalización a opositores
El abogado Yader Morazán dijo a este medio de comunicación que, desde abril de 2018 a la fecha, ha logrado identificar cuatro fases, con parámetros específicos, de la criminalización judicial hacia los liderazgos opositores.
La primera fase inició, según Morazán, de abril de 2018 a febrero de 2019. En este periodo se apresó a la clase social más baja en términos socioeconómicos, los líderes de tranques y se desarticuló la base social. Esta fase está marcada por las acusaciones de terrorismo, crímenes organizado y obstrucción de funciones. Los abogados podían acceder al juicio y los expedientes.
La segunda fase inicia a partir del segundo diálogo (primer trimestre 2019) cuando el sistema de justicia ya no conoció sobre casos por terrorismo e inician a crear delitos de posesión de armas o drogas. Aquí también se extienden los procesos penales a los departamentos y se descentralizan de Managua.
Audiencias secretas
La tercera fase se registra a partir de mayo de 2021 hasta finales de 2022: en ese periodo preelectoral se elevó la parada y encarcelan a líderes sociales y de la oposición, incluidos los aspirantes presidenciales. Se aprobó la Ley de Ciberdelitos y la Ley de Soberanía.
«Se caracteriza por el ocultamiento del expediente de los acusados, las audiencias y no exhibían a los reos, fueron sometidos a desaparición forzada que ni su familia sabían donde se encontraban», indicó.
«Además, la Fiscalía hizo un rol más activo citando a entrevistas a periodistas, entre otros. También se persiguió a abogados defensores de presos políticos como María Oviedo y Roger Reyes», añadió.
La cuarta fase está marcada por la persecución al clero de la Iglesia católica, según el abogado. Se registran procesos totalmente viciados y sin acceso a la acusación y el expediente. «El Poder Judicial hace actuaciones sin apariencia de legalidad», expuso.
Morazán manifestó que esta última fase, que se desarrolla actualmente, los jueces también están dictando sentencias donde arrebatan la nacionalidad a personas sin tener facultades por la ley y sin el debido procedimiento.
«No se nos llamó o citó y ellos ya tienen sentencias donde se nos declara prófugos de la justicia cuando nunca hemos sido citados y además de eso se nos manda a confiscar los bienes a través de procedimientos que ni siquiera existen», dijo el jurista, uno de los 94 desnacionalizados el 15 de febrero.
Impunidad
En las Observaciones finales provisionales sobre el segundo informe periódico de Nicaragua, el Comité contra la Tortura de ONU manifestó su preocupación sobre la falta de independencia e imparcialidad del Poder Judicial y el Ministerio Público respecto del Ejecutivo.
Las observaciones señalan que la ausencia de separación de poderes facilitó el uso del derecho penal para »criminalizar la disidencia, la vulneración de las garantías procesales y contribuir a la impunidad».
En sus observaciones, el Comité recomendó a Nicaragua velar por la plena independencia, imparcialidad y eficacia del Poder Judicial y de la Fiscalía General, a través de una reforma en consonancia con las normas internacionales.
La CIDH en su informe anual del 2022 sobre Nicaragua, explica que la «manipulación del sistema de justicia penal y la falta de independencia del Poder Judicial y el Ministerio Público para silenciar a las personas opositoras, incluyendo personas defensoras de derechos humanos y periodistas, es aún manifiesta».