La Corte Penal Internacional (CPI) podría tener competencia para juzgar al aún presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, por haber financiado a la dictadura de Nicaragua, según una conclusión a la que han llegado estudiantes de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), de Argentina.
El jurista Darío Richarte, profesor de la UBA y uno de los abogados que promueve la acusación ante la justicia argentina por los crímenes cometidos por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo desde abril de 2018, informó a través de su cuenta personal de Twitter que la CPI sí podría ser competente para procesar a Mossi por haber facilitado financiamiento a la dictadura desde su puesto de presidente del BCIE.
Dante Mossi, un economista de nacionalidad hondureña, asumió la presidencia del BCIE en diciembre de 2018 y saldrá de ese cargo en noviembre de este año luego que la junta de rectores de esa institución decidió no reelegirlo, ante la presión internacional que señala al ejecutivo bancario de ser un financista de la dictadura de Nicaragua y de haber convertido al banco en «un desastre».
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Luego que el Gobierno de Venezuela inhabilitara por 15 años para ejercer cargos públicos a María Corina Machado, una de las precandidatas favoritas a las presidenciales previstas para 2024, opositores nicaragüenses afirman que el dictador Nicolás Maduro apuesta por celebrar unas elecciones «a la medida» de su homólogo Daniel Ortega.
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Arturo McFields señaló que al inhabilitar a Machado, el mandatario venezolano está apostando por «unas elecciones al estilo Ortega, en Nicaragua».
Por su parte, la presidenta del ilegalizado Partido Ciudadanos por La Libertad (CxL), Kitty Monterrey, dijo, a través de su cuenta de Twitter, que «la ilegal inhabilitación de @MariaCorinaYA, por parte del régimen socialista de Nicolás Maduro, solo demuestra cuanto le temen a la vía electoral».
La opositora, exiliada en Costa Rica, agregó que «este atropello debe ser condenado y denunciado ante el mundo, porque es otro paso en un camino que ya recorrimos en Nicaragua».
La Contraloría venezolana informó que la inhabilitación de Machado, quien inició una gira en Venezuela de cara a las primarias organizadas por la oposición para elegir a un candidato a las presidenciales, está basada en «irregularidades administrativas» cuando fue diputada en 2011-2014.
A Machado, además, se le acusa de haber participado en «una trama de corrupción», encabezada por Guaidó, reconocido entre enero de 2019 y enero de 2023 como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de gobiernos que desconocieron la reelección del presidente Nicolás Maduro, en 2018, al tildar esos comicios de «fraudulentos».
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) otorgó medidas provisionales a favor de cuatro líderes indígenas de la comunidad Mayangna Sauni As que están encarcelados en Nicaragua. La entidad de justicia continental considera que los comunitarios se encuentra en una «situación de riesgo» en las celdas de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La resolución fue emitida el 27 de junio de 2023.
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Los beneficiarios con esta medida son el síndico territorial Ignacio Celso Lino; el juez comunal de Suniwás Argüello Celso Lino, y los guardabosques Dionisio Robins Zacarías y Donald Andrés Bruno, quienes permanecen recluidos en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro, conocido como «La Modelo».
Los líderes indígenas fueron detenidos el pasado 23 de agosto de 2021, por supuestamente ser partícipes de la masacre que ocurrió en la comunidad de Kiwakumbaih, jurisdicción del territorio Mayangna Sauni As, en el Caribe Norte de Nicaragua. Las autoridades responsabilizaron a un grupo de 13 indígenas, pero solo a cuatro lograron arrestar.
El fallo que dará a conocer el próximo 13 de julio la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el máximo órgano jurídico de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el caso de la demanda de Nicaragua, que pide definir con Colombia los límites de su plataforma continental, «debe ser favorable a nuestro país», dice exvicecanciller José Pallais.
Mediante una nota de prensa publicada en su sitio web oficial, la CIJ, basada en La Haya, Holanda, Países Bajos, da a conocer que la lectura del fallo de los jueces del más alto tribunal en la «cuestión de la delimitación de la plataforma continental entre Nicaragua y Colombia, más allá de las 200 millas náuticas de la costa de Nicaragua», será el 13 de julio a las 3:00 de la tarde, en el Palacio de la Paz.
El exvicecanciller Pallais, exreo político y desterrado a EE.UU. por la dictadura Ortega-Murillo, consultado por Artículo 66 sobre el fallo que emitirá la CIJ, señaló que dicha sentencia «debe ser favorable para Nicaragua», pues sentencias anteriores relacionadas con ese tema ya han sido a favor del país centroamericano, por lo tanto, no se deben esperar sorpresas.
El exdiplomático y abogado explicó que Nicaragua recurrió ante la CIJ para que este tribunal delimitara con Colombia la plataforma continental que corresponde a Nicaragua, más allá de las 200 millas «que es el derecho sobre el lecho marino y el subsuelo», algo que no tiene que ver con las aguas de la superficie ni de derechos de soberanía, ni de navegación, «es el derecho de usar el subsuelo, la riqueza que está en el subsuelo y sobre el lecho marino de la plataforma continental que corresponden al país», indicó.
