El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la reciente detención en contra del padre Jaime Iván Montesinos Sauceda, de 61 años, párroco de la iglesia San Juan Pablo Segundo, en Villa Chagüitillo, del municipio de Sébaco, de la Diócesis de Matagalpa.
A través de un comunicado, la organización señaló que la «investigación» policial para acusar al religioso por actos que menoscaban la soberanía del país, «es parte de la persecución contra la Iglesia católica y la criminalización a sacerdotes».
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Enfatizó que debido a la arremetida de la dictadura orteguista, muchos sacerdotes y laicos han tenido que desplazarse «forzadamente fuera de Nicaragua».
Además recordó que días anteriores fueron detenidos y remitidos a arresto domiciliar los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides, responsable de la Parroquia Divina Providencia, de Jalapa, y Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de Catedral de Estelí, «quienes se suman a la lista de religiosos privados de libertad como el obispo Rolando Álvarez y los presbíteros Leonardo Urbina y Manuel García».
«Condenamos la jornada represiva y persecución contra la población, en particular a sacerdotes, en un estado de excepción ejecutado por la Policía que violenta los derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa», señaló el Colectivo de Derechos Humanos.
A la demanda de los defensores de derechos humanos se suman opositores y organizaciones de la sociedad civil que exigen el cese del hostigamiento y la persecución religiosa.
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En cuanto a la detención del padre Montesinos, la nota de prensa número 009-2023, del jueves, 25 de mayo, la institución policial señaló al religioso, de la tercera edad, de «cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación», mismo delito por el que ha acusado a otros sacerdotes y opositores.
Con esta detención, el régimen de Ortega eleva a cuatro el número de religiosos secuestrados. Además de los sacerdotes Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, a los que capturó, los trasladó a Managua y los sometió a una «investigación» por el manejo de la extinta Caritas, pero luego los liberó «bajo investigación».
