Daniel Ortega perdió a su principal aliado en el Banco Centroamericano de Integración Económica. Este viernes, el actual director ejecutivo de esa entidad y uno de los principales defensores y financistas del régimen de Nicaragua, Dante Mossi, no fue reelecto y según indican deberá dejar la institución en noviembre próximo.
La decisión fue tomada por representantes de los países que integran el BCIE en el marco de la LXIII Reunión Ordinaria de la Asamblea de Gobernadores que se celebró en República Dominicana.
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Desde hace varias semanas, organizaciones opositoras nicaragüenses en el exilio mantuvieron una activa campaña para demandar la no reelección de Mossi y rendición de cuentas sobre el uso que hace la dictadura de Ortega con los fondos que reciben por donaciones o préstamos por el banco regional.
Opositores han denunciado que «Dante Mossi ha utilizado el BCIE de manera clientelista para favorecer a gobiernos aliados y autoritarios, en busca de satisfacer sus intereses personales, dañando la integridad y los principios con la que fue constituida esa entidad; además, durante toda su administración el banco ha sufrido caída en sus utilidades y un deterioro en su rentabilidad».
España reveló a través de una publicación de este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los nombres de los primeros 14 nicaragüenses a los que el Gobierno de Pedro Sánchez les otorgó la nacionalidad después de haber sido despojados arbitrariamente de su nacionalidad por órdenes del régimen Ortega-Murillo.
Entre los beneficiarios se encuentran periodistas, políticos opositores, activistas, feministas, defensores de derechos humanos, excarcelados políticos desterrados y un sacerdote.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ), que responde a los designios de Daniel Ortega y Rosario Murillo, decidió eliminar los títulos de abogados a otros 25 juristas nicaragüenses, medida que días antes ejecutó en contra de la defensora de presos políticos, Yonarqui Martínez.
En la nueva tanda destacan defensores de derechos humanos, activistas políticos opositores, analistas, y hasta el exmagistrado desertor del Poder Judicial y padrino de bodas de la pareja presidencial, Rafael Solís.
La movida, que intentan maquillarla como legal, se ejecutó a través de dos resoluciones judiciales en las que se inhabilita de por vida y suspende como notarios públicos a juristas, a quienes el régimen señala de «traidores a la patria».
Como si tratase de una academia de formación política-partidaria, la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) está obligando a los estudiantes, sobre todo a los becados, a que vayan a «aplaudir» a las actividades políticas del partido de Gobierno, bajo estricto control y supervisión de la Juventud Sandinista (JS) y la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN). Quien no vaya, perderá su beca.
Dos estudiantes, con becas, de la UNAN-Managua, que hablaron con Artículo 66, pidiendo no revelar su identidad por razones de seguridad, afirmaron que las autoridades universitarias hasta mandaron a imprimir una tarjeta de control de asistencia obligatoria a actividades que organice la universidad, que en realidad son actividades políticas del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«Tarjeta de control de formación del becado» se titula el documento y en ella hay una advertencia tajante: «Esta tarjeta debe ser presentada como requisito para la renovación de la beca interna especial».
El diario elPeriódico de Guatemala anunció su cierre definitivo debido a la «persecución penal y presión económica» tras la detención el año pasado de su dueño, José Rubén Zamora, un crítico del gobierno que ha denunciado supuestos actos de corrupción.
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«Con profunda tristeza, nos vemos obligados a detener la edición diaria de elPeriódico» después de casi 27 años de existencia, anunció el medio en un comunicado.
elPeriódico señaló que recibió un «golpe contundente» cuando Zamora fue detenido por cargos de lavado de dinero el 29 de julio de 2022. Zamora ha acusado de fabricar el caso directamente al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, y a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos por “corrupción” en 2021.
