El 8vo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más señala que en las cárceles del país los presos políticos son sometidos a «una práctica de estado sumamente violenta, deshumanizante, estratégica y conscientemente diseñada para trasmitir un mensaje a todo un cuerpo social».
El organismo de derechos humanos documentó un total de 158 casos de personas presas políticas que sufrieron cárcel en el contexto de la crisis sociopolítica desde 2018.
Del total de casos documentados 111 personas estuvieron recluidas en por lo menos un centro policial distinto a «El Chipote» y 13 de ellas fueron recluidas en dos centros policiales distintos.
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Se identifica que en diversos centros policiales se cometieron actos de tortura en al menos 29 municipios, ubicados en 14 departamentos del país.
Efectos negativos a causa de la tortura
Las prácticas de torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes eran aislamiento prolongado que era acompañada de condiciones inhumanas de detención, así como privación de la alimentación, falta de acceso a agua potable e imposibilidad de acceder a material de lectura, tener noticias del mundo exterior, entre otras.
Las personas presas políticas presentaban síntomas de desesperación, desánimo y depresión combinada con los interrogatorios, como una forma de presión constante. «Los agentes policiales procuraban infligir el mayor sufrimiento físico posible a las personas presas políticas, por lo que utilizaron diversas técnicas de tortura», indica el informe.
«Cada una de las diversas modalidades de tortura que han sufrido y siguen sufriendo las personas presas políticas, tienen efectos negativos en su salud integral. Independientemente de las distintas modalidades utilizadas en las etapas de la represión», resalta el informe.
Destrucción de la personalidad
El documento señala que el cambio de la tortura en el país no ha significado la reducción del sufrimiento en las personas presas políticas, sino que, por el contrario, ha sido guiado a «una política de destrucción de la personalidad de los detenidos, sostenida en el tiempo, la cual, podría implicar consecuencias más duraderas en las personas».
«El aislamiento produce privación sensorial, es decir, el cerebro deja de recibir los estímulos sensoriales, sociales, emocionales, afectivos y comienza a funcionar con su más baja capacidad, hace que las personas sean más sugestionables, se produce ansiedad, irritabilidad, incluso alucinaciones y síntomas psicóticos», afirma.
«Tanto la práctica de tortura como la privación de atención médica ha causado un deterioro constante en la salud de las personas supervivientes de tortura», añade.
Los perpetradores de las torturas
El organismo refiere que la cadena de mando identificada en la Policía Nacional es muy amplia y completa, porque identificaron entre los perpetradores a oficiales desde el rango menor hasta el rango mayor dentro de la institución, siendo este el Primer Comisionado Francisco Díaz, quien fuera denunciado en una ocasión por ejercer amenazas contra un preso político.
Además, el informe identificó a nueve comisionados policiales y seis alcaldes de cabeceras departamentales que realizaron actos de vigilancia, amenazas e incluso ordenaron la detención de ciertas personas.
«La forma de actuación y cantidad de personas perpetradoras dan cuenta de una política de Estado encaminada a garantizar una práctica de detenciones y tortura de manera generalizada y sistemática (que contó con) todo el apoyo del aparataje estatal dedicado a reprimir y vigilar a las personas consideradas como opositoras», advierte.
«La sistematicidad de la tortura necesariamente implica el involucramiento de una gran cantidad de personas, quienes deben procesar la información, tomar decisiones y ordenar o permitir la tortura, máxime cuando esta se realiza de forma generalizada», añade.
El Colectivo concluye que en Nicaragua se mantiene una sistemática persecución, criminalización y castigo, para lo cual existe toda una maquinaria estatal y paraestatal que por acción u omisión son responsables también de crímenes de lesa humanidad y en el caso concreto del delito internacional de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, método extremo de terror y parte de las graves violaciones a los derechos humanos, en perjuicio de la población nicaragüense.
