La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo acumula 2,090 personas presas políticas del 18 de abril de 2018 al 10 de febrero de 2023, según el más reciente informe del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Todas han sufrido torturas en el contexto de la crisis sociopolítica que azota el país desde hace cinco años.
Las personas privadas de libertad por razones políticas han sido sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denunciaron los reos tras su salida, sus familiares mientras estuvieron en prisión y organismos locales e internacionales de derechos humanos.
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Entre esas torturas están interrogatorios permanentes, extirpación de uñas, golpizas, violencia y violación sexual, tortura por suspensión, asfixia seca o húmeda, simulación de ejecuciones (asesinatos), entre otras, según el informe «La privación de libertad y la imposición de la tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes como mecanismo para generar terror en la población» del Colectivo Nicaragua Nunca Más.
Apresada y torturada
La excarcelada y desterrada política Julia Hernández fue una de las más de 200 mujeres presas políticas que el régimen acumula en cinco años de crisis. Ella ha sufrido en dos ocasiones la cárcel, la primera vez fue capturada el 30 de noviembre de 2019. En ese momento fue vinculada con el opositor José Isaías Ugarte, conocido como «Chabelo», ultimado a tiros por la Policía orteguista.
En esa detención estuvo encerrada en la delegación policial del departamento de Masaya. En ese sitio fue atada brazos arriba y con la punta de los pies rozaba el suelo, le pedían que entregara a «Chabelo».
Relató a Artículo 66 que el entonces jefe policial de Masaya, el comisionado Ramón Avellán, la golpeó en todo el cuerpo con una botella llena de agua mientras estaba atada. También fue abusada sexualmente por agentes de la Policía. Días después fue liberada.
Drogada con fármacos en «El Chipote»
Hernández fue detenida por segunda ocasión el siete de enero de 2021 y desterrada a Estados Unidos el nueve de febrero de 2023, esta vez junto a Eduardo José Morales, también excarcelado y desterrado ese mismo día. Cuando fue apresada estuvo 13 días detenida en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote». Desde el primer día fue torturada con psicofármacos.
A la mujer le entregaban cuatro pastillas, dos de ellas para las enfermedades que padece y otras dos que no sabe qué eran, pero que le producían alucinaciones y la mantenían drogada. Recibía una ración por la mañana y otra por la tarde.
Si la presa política se negaba a tomar las píldoras, los custodios en «El Chipote» la amenazaban con no recibir los alimentos que llevaba su madre diariamente para ella. Cuando se resistía era obligada a consumirlas.
Después de esos 13 días fue trasladada al Establecimiento Penitenciario Integral de Mujeres (EPIM), en Tipitapa, la mujer afirma que fue sometida a torturas psicológicas: no recibía visitas regulares de su familia, le impedían asistir a las misas en la capilla del EPIM y limitaban las horas de patio sol.
Explicó que varias presas comunes recibían de «premio» un indulto por golpear a las rehenes políticas, que fue ofrecimiento de las autoridades penitenciarias a las reas. Actuaban bajo la impunidad.
Crímenes de lesa humanidad
El Colectivo Nicaragua Nunca Más afirma que la tortura ha generado consecuencias graves para sus víctimas; desgastándoles emocional y fisicamente, por lo que sus efectos son, incluso en muchos casos, permanentes.
«La práctica de tortura en el país implica a múltiples agentes estatales y paraestatales de diversos niveles y jerarquías, siendo implementada y permitida por todos los poderes del Estado, por lo que se puede afirmar que es una práctica transversal e interinstitucional», resalta el organismo de derechos humanos.
«… la impunidad en la tortura ha hecho perdurar estos actos e instaurar un estado de terror y de excepción de facto. Los crímenes de tortura son crímenes de lesa humanidad y son imprescriptibles, por lo que en una Nicaragua centenas de agentes tendrán que pagar por sus crímenes», añade.
