Tras la cancelación de la personalidad jurídica de al menos media docena de universidades en Nicaragua, los estudiantes que estaban matriculados en estas casas de estudios canceladas se han enfrentado a una serie de dificultades; una de ellas, es que con la nueva administración las y los jóvenes que no habían realizado el trámite de su certificado de notas o su título universitario, tendrán que esperar y será un proceso «tardado», debido a que estos documentos serán emitidos con el nombre de la nueva universidad.
La abogada Christy Martínez, en un video para la plataforma Exiliados Nicaragua, reiteró que esta acción del gobierno de Ortega, a través de la Asamblea Nacional de ilegalizar a estas universidades y crear nuevos centros de estudios superiores bajo su dominio, ha causado una «gran incertidumbre» en los estudiantes nicaragüenses, ya que cuestionan que si el título o certificado emitido por estas nuevas entidades tendrán la misma legitimidad o valor que la entidad cancelada.
Destacó que la comunidad universitaria «tiene la preocupación de que los títulos emitidos por las nuevas entidades, que ha asignado el Consejo Nacional de Universidades (CNU) no tengan la misma validez de la universidad, a la que ellos voluntariamente accedieron para estudiar».
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La especialista en leyes también explicó que otro de «los mayores problemas que están enfrentando los estudiantes, es que con este cambio en la administración sus certificados de estudios para quienes no lo habían tramitado, están en una especie de limbo, en una especie de suspensión y va a tardar un tiempo para que les sean entregados estos certificados de nota o si ya tienen su título universitario, porque tienen que ser emitidos con el nombre de la nueva universidad, de la nueva entidad que asignó el CNU».
Más de 18 mil estudiantes nicaragüenses se han vistos afectados por la cancelación de la personería jurídica a 14 asociaciones universitarias. Entre las universidades canceladas por la aplanadora sandinista están: la Universidad Hispanoamericana (UHISPAM), la Universidad Nicaragüense de Estudios Humanitarios (UNEH), la Universidad Popular de Nicaragua (UPONIC), la Universidad Paulo Freire (UPF), Universidad Politécnica (Upoli) y la Universidad Católica Agropecuaria del Trópico Seco, Presbítero Francisco Luis Espinoza Pineda (UCATSE).
Martínez enfatizó que otros de las preocupaciones de la comunidad estudiantil es que su plan de estudios «sea totalmente distinto al que ellos se matricularon cuando entraron a la universidad, que sus docentes no sean los mismos, que el personal administrativo cambie y que todos estos cambios generen afectaciones en la calidad educativa».
De igual forma, la cancelación de estos centros superiores afecta a los estudiantes que ya habían tramitado su título «pero que no habían acudido al CNU están teniendo problemas para apostillarlos, porque si el CNU no te autentica tu título no puede ir a Cancillería a apostillarlo», señaló la abogada.
Para Christy Martínez, las y los jóvenes nicaragüenses deben de seguir estudiando y valorar si seguir en la entidad nueva que asignó el CNU o buscar una mejor opción, porque «estudiar es un acto de resistencia en medio de un gobierno que nos quiere ignorantes».
Expertos han señalado que la dictadura Ortega-Murillo violó la Ley de Autonomía Universitaria al pasar las universidades privadas canceladas, a estatales; y cobrar matrícula y mensualidad.