Los tres jueces del Poder Judicial de Nicaragua, sancionados este miércoles, 19 de abril, por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estado Unidos, han sido los encargados de arremeter en contra de presos políticos y opositores, a los que han condenado, despojado de la nacionalidad y desterrado.
El primer funcionario judicial que pasa a estar en la lista negra del gobierno estadounidense es el magistrado del Tribunal de Apelaciones de Managua, Ernesto Leonel Rodríguez Mejía, originario de Matagalpa.
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El presidente de la Corte de Apelaciones del Distrito de Managua (TAM) fue designado de conformidad con la orden EO 13851, por haber servido como funcionario del Gobierno de Nicaragua a partir del 10 de enero de 2007 y quien el 15 de febrero, de 2023, anunció la decisión de la Corte de despojar a 94 ciudadanos nicaragüenses de su nacionalidad, declarándolos traidores a la patria.
Rodríguez Mejía ha sido el encargado de condenar a presos políticos, entre los que están Brandon Lovo y Glen Slate, condenado a 23 y 12 años de cárcel por el asesinato del periodista Ángel Gahona.
Además, es señalado por diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales como uno de los judiciales que el dictador Daniel Ortega ha utilizado para reprimir a los presos políticos, antes, durante y después de abril de 2018.
Artículo 66 buscó el perfil de Facebook, que en 2021 el juez orteguista lo tenía activo, sin embargo sale sin ninguna fotografía ni publicación reciente.
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Información publicada en el diario La Prensa señala que el ahora magistrado sancionado inició la carrera judicial en 2003, cuando lo nombraron juez de audiencias en Matagalpa, pero en 2005 fue trasladado a Managua como juez Tercero Local Penal.
«Su nombre comenzó a sonar en los medios de comunicación cuando condenó por injurias y calumnias, en distintos juicios, a los opositores Leonel Teller y Luciano García, ambos concejales en Managua, muy críticos con las administraciones sandinistas en la comuna», señaló el medio.
Los otros dos sancionados
La otra sancionada es Nadia Camila Tardencilla, jueza del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Distrito de Managua, encargada de procesar y condenar a presos políticos.
Tardencilla fue quien condenó al exsacerdote, y ahora desterrado político, Edgard Parrales, a cinco años de prisión por el supuesto delito de conspiración a la patria y posterior al dirigente estudiantil Lesther Alemán.
El cuatro de febrero, de 2022, dictó culpabilidad en contra del periodista y aspirante presidencial Miguel Mora, propietario del medio de comunicación 100% Noticias, confiscado desde 2018 por el régimen de Daniel Ortega.
El 10 de febrero de 2023, Tardencilla emitió una orden judicial que despojó al obispo católico Rolando José Álvarez Lagos de su ciudadanía nicaragüense y lo condenó por traición a la patria, menoscabo de la integridad y autoridad nacional, obstrucción agravada y difusión de noticias falsas.
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Tardencilla Rodríguez fue nombrada como nueva jueza Segundo de Distrito Penal de Juicio de Managua el tres de febrero de 2021.En redes sociales se le ha visto en fotos con reconocidos sandinistas, además es fiel seguidora de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En cuanto a Octavio Rothschuh, presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones. El 10 de febrero de 2023, el magistrado anunció la decisión del tribunal de deportar a 222 nicaragüenses, declarándolos traidores a la patria.
El el nueve de junio, del 2022, la Eurocámara aprobó una resolución que busca sancionarlo junto a jueces y magistrados orteguistas por considerar que son «responsables de la represión».
El funcionario, al servicio del régimen de Nicaragua, cuenta con 28 años de trayectoria y asumió su cargo como presidente en el TAM el dos de julio de 2021.
«Es un honor para mí contar con el apoyo de las doctoras Angelita Dávila y Rosa Argentina, dos grandes damas de la administración de justicia. No voy a defraudar el voto de confianza que me han dado», dijo Rothschuh después de ser nombrado.
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Rothschuh es uno de tres tres funcionarios que ordenaron la excarcelación de Pierson Gutiérrez Solís, quien en 2018 mató a balazos a la estudiante brasileña, Raynéia Gabrielle Lima. El acusado fue puesto en libertad bajo la controvertida Ley 996, también conocida como Ley de Amnistía.
Además ordenaron cancelar los antecedentes penales que por este caso tenía el homicida confeso. Pierson Gutiérrez Solís le quitó la vida a la joven de origen brasileño la noche del 23 de julio de 2018 en los alrededores de la Rotonda Universitaria, cuando la estudiante regresaba a su casa, luego de hacer su turno en un hospital de Managua.
Resultado de las sanciones
Referente a las sanciones, el resultado de las mismas es que todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. están bloqueados y deben informarse a la OFAC.
Además se bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas. A menos que esté autorizado por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o esté exento, las reglamentaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones por parte de personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de los Estados Unidos que involucren cualquier propiedad o interés en la propiedad de personas designadas o bloqueadas.
«El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento» concluyó el documento donde se informó de las sanciones de los magistrados, señalados de cómplices de la represión en Nicaragua.