EE. UU. sanciona a tres funcionarios judiciales nicaragüenses

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estado Unidos designó sanciones contra tres jueces del Poder Judicial de Nicaragua. Nadia Camila Tardencilla, Ernesto Rodríguez y Octavio Rothschuh son los nuevos funcionarios orteguistas que se unen a la lista negra del país norteamericano por violar los derechos humanos de los nicaragüenses.

Rodríguez es magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM). El 15 de febrero de este año, Rodríguez anunció la decisión del régimen de despojar a 94 ciudadanos nicaragüenses de su nacionalidad, declarándolos traidores a la patria.

«Los individuos desnacionalizados eran críticos abiertos del régimen de Ortega e incluían destacados periodistas, defensores de los derechos humanos y miembros del clero», señala la entidad norteamericana.

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Nadia Camila Tardencilla Rodriguez es titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Managua y ha enjuiciado a decenas de presos políticos.

«El 10 de febrero de 2023, Tardencilla emitió una orden judicial que despojó al obispo católico Rolando José Álvarez Lagos de su ciudadanía nicaragüense y lo condenó por traición a la patria, menoscabo de la integridad y autoridad nacional, obstrucción agravada y difusión de noticias falsas», afirma el Tesoro norteamericano.

Octavio Ernesto Rothschuh Andino fue el encargado de anunciar la decisión de la dictadura de desterrar a 222 nicaragüenses, declarándolos traidores a la patria y arrebatarles la nacionalidad. Rothschuh ha ocupado el cargo de magistrado presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua

Desde 2021

El Tesoro informó que «todas las propiedades e intereses en la propiedad de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas de los EE. UU. están bloqueados y deben informarse a la OFAC».

Estas sanciones también bloquea cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas sancionadas. 

«El objetivo final de las sanciones no es castigar, sino provocar un cambio positivo en el comportamiento», concluye.