El Departamento de Estado de los Estados Unidos amplió su lista de funcionarios nicaragüenses sancionados. Este viernes, 15 de junio, añadió a 23 operadores sandinistas entre jueces y fiscales, encargados de acusar y condenar a las personas presas políticas de la dictadura de Daniel Ortega.
La administración de Joe Biden decidió aplicar La Ley de Compromiso Reforzado entre los Estados Unidos y el Triángulo Norte, más conocida como «Lista Engel», a los operadores del régimen de Ortega-Murillo por «socavar los procesos o instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el periodo previo a las elecciones nacionales».
Los sancionados por el Gobierno de EE. UU. son 10 fiscales del Ministerio Público y 13 jueces de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
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La lista de sancionados la encabezan Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, Carlos Rafael Espinoza Castilla, Jorge Luis Arias Jarquín, Martha Ileana Morales Mendoza, Marling de Jesús Castro Rodríguez y Andrea del Carmen Salas, fiscales del Ministerio Público en Managua; todos imputados por presentar cargos falsos contra los líderes opositores previo a las elecciones presidenciales de 2021.
Erick Ramón Laguna Averruz, juez del Juzgado del Distrito del departamento de Estelí, figura entre los sancionados por acusar y condenar a los rehenes de la dictadura de Ortega, por supuestamente «socavar la integridad nacional». El judicial se encargó de sentenciar a prisión a los nicaragüenses Alexis Peralta y Santos Camilo Bellorín.
Asimismo Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal de Estelí, está sancionada por Estados Unidos por presentar cargos falsos contra el activista Alexis Peralta.
Perla de los Ángeles Baca, fiscal del departamento de Chinandega, también es señalada de presentar cargos falsos contra los líderes opositores previo a las elecciones presidenciales de 2021.
La lista la engrosan María Francis Pérez Mojica, fiscal de Nueva Segovia, por fabricar delitos contra el opositor Donald Alvarenga y la jueza Rosa Velia Baca Cardoza por condenar al activista a 12 años de prisión por supuestamente violar la Ley 1055, Ley de Soberanía.
El fiscal Luis Alberto Mena Gámez, del Ministerio Público de Nueva Segovia, es señalado de montar cargos falsos contra el preso político Douglas Cerros y la jueza Verónica Fiallos por sentenciar a Cerros por supuesta «traición a la patria». Además, Estados Unidos los sancionó por «perseguir cargos espurios, condenas y sentencias severas contra ciudadanos particulares que critican al gobierno».
El Departamento de Estado designó sanciones contra la judicial Irma Oralya Laguna Cruz por condenar a prisión a la opositora Evelyn Pinto. Al juez Luden Martín Quiroz García por enjuiciar a la líder opositora Ana Margarita Vijil; el periodista Miguel Mendoza; el excanciller Mauricio Díaz, la excandidata presidencial Cristiana Chamorro; el opositor Pedro Joaquín Chamorro; los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes, y la exdiputada María Fernanda Flores.
Melvin Leopoldo Vargas García es parte de la lista por condenar a la activista de la oposición Samantha Jirón. El juez Ángel Jancarlos Fernández González por sentenciar a cárcel a los dirigentes empresarias Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; a la opositora Dora María Téllez; José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.
La jueza Nancy Aguirre Gudiel por enjuiciar a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado del activista opositor Irving Larios. El juez William Irving Howard López por declarar culpable a la activista de la oposición Nidia Barbosa.
A la lista se suma el juez Félix Ernesto Salmerón Moreno por condenar a los excandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri.
El juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguia por sentenciar a prisión al activista de la oposición Yoel Sandino. La juez Nadia Camila Tardencilla Rodríguez por dirigir los juicios falsos de los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez; el excandidato presidencial Miguel Mora; el analista político Edgar Parrales; el director del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann y el experto electoral Harry Chávez.
La jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva fue incluida por condenar en juicios falsos de los activistas de la oposición Yaser Vado y Yader Parajón; al excanciller Francisco Aguirre Sacasa; la líder opositora Suyen Barahona; el líder campesino Freddy Navas; la abogada de derechos humanos María Oviedo; el excandidato presidencial Noel Vidaurre y el comentarista político Jaime Arellano.
La administración de Joe Biden resaltó que estudia acciones «para disuadir e interrumpir las actividades corruptas y antidemocráticas» que realizan los jueces y fiscales orteguistas sancionados.
«El Departamento de Estado también continúa revisando activamente información creíble… para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue un refugio seguro en los Estados Unidos», apuntó.