El Eurocámara aprobó el nueve de junio una resolución que busca sancionar a jueces y magistrados orteguistas por considerar que son «responsables de la represión».
Los tres magistrados que podrían ser incorporados la «lista negra» de la Unión Europea (UE) han rechazado recursos interpuestos por los defensores de presos políticos.
La resolución fue respaldada con 524 votos a favor, 17 se pronunciaron en contra y hubo 29 abstenciones. Es la quinta propuesta sobre Nicaragua en esta legislatura. Los eurodiputados denunciaron la detención abusiva, la falta de garantías procesales y las condenas ilegales de presos políticos que se han producido en el país centroamericano.
Los jueces del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) propuestos a sancionar son Octavio Rothschuh Andino, Ángela Dávila y Argentina Solís, quienes «también han participado en la privación de los derechos procesales y materiales», refiere la UE.
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Rothschuh Andino funge como presidente de la Sala Penal Uno del Tribunal de Apelaciones donde actualmente se encuentran ratificando las sentencias en contra de los presos políticos del régimen. El funcionario orteguista cuenta con 28 años de trayectoria y asumió su cargo como presidente en el TAM el dos de julio de 2021.
«Es un honor para mí contar con el apoyo de las doctoras Angelita Dávila y Rosa Argentina, dos grandes damas de la administración de justicia. No voy a defraudar el voto de confianza que me han dado», dijo Rothschuh después de ser nombrado por Solís y Navarrete.
Rosa Argentina Solís fue nombrada como magistrada de la Sala Penal Número Uno del TAM el 16 de octubre de 2018, su juramentación estuvo a cargo de Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Solís fue nombrada en ese contexto sin ser funcionaria del Poder
Judicial.
Por otra parte, Ángela Dávila había ocupado por dos años el cargo de presidenta en el órgano opresor del régimen para luego ser reemplazada por el magistrado Rothschuh. La abogada ha estado en los cargos del Poder Judicial durante 40 años, primero se desempeñó como juez local en Managua y 15 años después fue promovida a un juzgado de distrito, donde estuvo por 5 años más con el extinto Sistema de Instrucción Criminal, para actualmente ser una de las tres piezas claves del régimen en el Tribunal.
Los tres funcionarios también han sido señalados por ordenar la excarcelación de Pierson Gutiérrez Solís, quien en 2018 mató a balazos a la estudiante brasileña, Raynéia Gabrielle Lima. El acusado fue puesto en libertad bajo la controvertida Ley 996, también conocida como Ley de Amnistía.
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Ordenaron cancelar los antecedentes penales que por este caso tenía el homicida confeso. Pierson Gutiérrez Solís le quitó la vida a la joven de origen brasileño, la noche del 23 de julio de 2018 en los alrededores de la Totonda Universitaria, cuando la estudiante regresaba a su casa, luego de hacer su turno en un hospital de Managua.
La Unión Europea señala que «los tribunales nicaragüenses se han dedicado a dictar sentencias absolutamente desproporcionadas contra presas y presos políticos, en procesos a todas luces corruptos y que ofrecían nulas garantías de transparencia a las personas acusadas. Por ello, esta resolución, y es en lo que nos tenemos que centrar, pide sanciones para los jueces, ya que están ayudando a Ortega a ejecutar esa represión»
En todas sus resoluciones, el Europarlamento ha demandado la liberación de los presos políticos. En el reciente texto, llaman a «liberar de manera inmediata e incondicional a los detenidos desde abril de 2018 y anular los procedimientos judiciales contra ellos, y permitir un retorno seguro de todos los refugiados y exiliados».
