La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua en febrero, mes en el que se registró la primera excarcelación, seguida de destierro y arrebato de la nacionalidad nicaragüense que ejecutó la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según la OACNUDH, el régimen nicaragüense vulneró 11 derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de 317 personas, entre ellas 222 que permanecieron presas hasta el nueve de febrero, cuando fueron excarceladas y desterradas a Estados Unidos.
El «Informe rápido No. 10» explica que el régimen dijo que la expulsión de los nicaragüenses era una «deportación», pero que dicha figura legal del ámbito migratorio solo es aplicable a personas extranjeras, no a nicaragüenses.
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«En los hechos, las 222 personas sufrieron un destierro: Al no haber estado previsto el destierro o deportación como pena para los delitos por los que estaban acusadas o condenadas las 222 personas, su expulsión viola el principio de legalidad, según el cual no se puede imponer una pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito», refiere el documento.
Naciones Unidas enumera que a los presos políticos desterrados y declarados apátridas les violaron los siguientes derechos: Derecho de los nacionales de un país a no ser desterrados ni expulsados del mismo; principio de legalidad; Derecho a tener una nacionalidad y a no ser privado arbitrariamente de ella; apatridia y derecho al debido proceso.
Además, el derecho a la propiedad; derecho a la participación en asuntos públicos y de acceder, en condiciones de igualdad, a la función pública; derecho a la seguridad social; derecho a la circulación; derecho al nombre y derecho a la personalidad jurídica.
La OACNUDH ha documentado que las medidas también han comprendido vulneración de garantías procesales, supresión de derechos políticos de por vida, desaparición de datos personales de los registros públicos y universitarios, pérdida del derecho a la propiedad y bloqueo bancario, incluso para recibir el pago de pensiones de los jubilados.
«Estas acciones reponen en Nicaragua figuras que eran parte del pasado como la apatridia, la muerte civil o la confiscación de bienes como castigo político, pero que ahora son el presente de la agudización de la crisis de derechos humanos en el país», señala.