El régimen de Nicaragua ordenó a su aplanadora de diputados en la Asamblea Nacional declarar el 19 de abril «Día nacional de la paz», fecha que se conmemora la rebelión cívica del 2018.
La decisión, a cinco días de esa fecha histórica, la dio a conocer la vicepresidente de Nicaragua, Rosario Murillo, en su alocución de este jueves, 13 de abril, a través de sus medios de propaganda.
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«Nos comunicaba el doctor Gustavo Porras —presidente de la Asamblea Nacional— que en los próximos días se sesionará para hacer formal declaratoria del 19 de abril, como Dia Nacional de la Paz», informó la primera dama.
Afirmó que su régimen «aplaude» la supuesta iniciativa de sus diputados, asegurando «que la paz (…) es esencial para la vida, por eso nos declaramos defensores, guardianes y seres humanos que resguardamos como principal tesoro la paz».
Obviando que su dictadura es acusada de crímenes de lesa humanidad contra opositores que se manifestaron en las protestas sociales, Murillo dijo que se debe de «exigir que todos vayamos avanzando y viendo la paz como camino de futuro».
«Así que el 19 de abril será Día Nacional de la Paz en nuestra Nicaragua (…) porque todos los nicaragüenses somos defensores, guardianes de la paz y el bien», agregó.
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En un nuevo ataque contra la oposición nicaragüense, la vicedictadora volvió con su discurso repetitivo de odio, aseverando que en las protestas de hace cinco años «nos quisieron interrumpir; nos llenaron de sangre, de fuego, incendiaron hospitales, clínicas, centros de estudios, pero no pudieron ni podrán».
Recalcó que este mes de abril es para reconocer, lo que ha calificado como un intento de golpe de Estado del 2018, que «no se pudo con la hidalguía, el coraje y valor del pueblo nicaragüense (…)».
Esta es la segunda ocasión que la dictadura intenta que se olvide la represión que se ha extendido hasta la fecha en Nicaragua, la primera vez fue cuando declaró Día Nacional del Deportista, en honor del ya fallecido tricampeón mundial de boxeo Alexis Argüello, sin embargo no ha logrado su objetivo porque las familias de las victimas y la comunidad internacional siguen demandando justicia.
A cinco años de represión, la administración Ortega y Murillo no cesa su nivel represivo contra los nicaragüenses, porque ha encarcelado, desterrado y confiscado a miles de críticos.
Además mantiene tras las rejas a más de 30 presos políticos, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, a quien condenó a 26 años de cárcel y lo despojó de su nacionalidad.
