El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denuncia las prohibiciones a las actividades tradicionales de Semana Santa y la arremetida en contra de la iglesia católica de parte del régimen orteguista, lo que catalogan como «una flagrante violación a la libertad de religión».
Ante una gran cantidad de procesiones, viacrucis y peregrinaciones, la organización defensora afirma que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo «no solo quiere desterrar y desnacionalizar, ahora también destruye lo más sagrado del pueblo: su fe cristiana y sus tradiciones, que son parte de su identidad. Mientras tanto Monseñor Rolando Álvarez y otros dos sacerdotes siguen presos injustamente. Exigimos su libertad», demanda el Cenidh.
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«Este año, sin procesiones a nivel nacional, la Semana Santa estará incompleta, mutilada, faltará el cuerpo de la participación popular, pero ante tanta represión el fervor del pueblo debe resistir y fortalecerse. La prohibición de procesiones de cuaresma y Semana Santa en Nicaragua son una flagrante violación a la libertad de conciencia, religión y libertad de expresión», añade la denuncia pública de la organización.
El régimen orientó a las autoridades prohibir a nivel nacional la tradicional procesión del viacrucis que recrea la pasión de Cristo, la que se realiza cada viernes del tiempo de cuaresma previo a la Semana Santa, así como la procesión con el Jesús de Nazareno en Nandaime, la procesión de San Lázaro en Masaya e hizo su propio desfile de carretas que peregrinaron hasta el santuario del Jesús del Rescate, en Popoyuapa, Rivas.
La dictadura de Nicaragua se ha ensañado contra la Iglesia católica desde 2022 cerrando radios católicas, amenazando a religiosos hasta obligarlos a exiliarse, cerrando organizaciones pertenecientes a la Iglesia y prohibiendo procesiones de relevancia nacional. A los sacerdotes y obispos los ha tildado de «diabólicos» y «traidores».
Poco a poco Ortega fue engrosando la lista de sacerdotes presos incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa, a quien condenó a 26 años de cárcel y lo despojó de su nacionalidad.
El obispo fue privado de su liberad desde el cuatro de agosto de 2022, cuando agentes policiales le impidieron la salida de la Curia Episcopal de Matagalpa, actualmente es parte de la lista de más de 30 presos políticos.
