La negativa del régimen de Nicaragua de cumplir las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) obligaron al presidente del tribunal continental a exponer ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la rebeldía del país centroamericano de liberar a 88 personas presas políticas.
El presidente de la Corte-IDH, juez Ricardo Pérez Manrique, explicó que el tribunal ha emitido, entre junio de 2021 y febrero 2023, ocho resoluciones de medidas provisionales donde solicitaron al Estado de Nicaragua tomar medidas urgentes para preservar la salud, libertad e integridad física de los presos políticos.
«La Corte verificó que los beneficiarios se encontraban sometidos a condiciones extremas con graves perjuicios para su salud. También verificó que las detenciones tenían fundamentalmente un motivo de tipo político y no penal», explicó el juez.
Noticia relacionada: OEA discutirá sobre el «desacato permanente» del régimen de Ortega ante la Corte IDH
«El Tribunal consideró que la persistencia de esta situación erosiona las reglas del juego democrático y el Estado de derecho en Nicaragua. Pese a las medidas adoptadas por la Corte, Nicaragua no ha adoptado en línea con lo que nuestra Corte ha resuelto y ha contestado todas las comunicaciones indicando que la Corte, al igual que la OEA, están en un proceso destituyente para el actual gobierno de Nicaragua y que no había disposición a cumplir las resoluciones que se habían tomado», añadió.
Pérez Manrique indicó que en el derecho internacional no se puede invocar el derecho interno para incumplir una decisión internacional, como la adoptada por la Corte-IDH que ordenó a Ortega y Murillo la liberación de 88 personas presas políticas.
«Lo que la Corte viene a solicitar es la aplicación de la garantía colectiva del artículo 65 de la Convención Interamericana, que señala que la Corte deberá someter a consideración de la Asamblea General un informe anual y de manera especial señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos», indicó.
El presidente de la Corte-IDH ahora pasó a la OEA el tema de Nicaragua para que se encuentre una solución al caso del país miembro, de acuerdo a la «gravedad de la situación», según explicó en su exposición ante el Consejo Permanente del organismo continental.
Además, señaló que aunque Nicaragua haya denunciado la Carta de la OEA e inició un proceso de salida del organismo, el país no ha denunciado la Convención Americana y por ende la Corte-IDH sigue teniendo competencia con respecto al Estado de Nicaragua.
De esas 88 personas que tenían medidas provisionales, 82 fueron parte de los 222 nicaragüenses desterrados a Estados Unidos el nueve de febrero, pero aún están en prisión seis presos beneficiarios que están en «riesgo de desprotección absoluta». Estos son: Fanor Ramos, Eliseo Castro, Manuel Urbina Lara, Carlos Antonio López, Jaime Enrique Navarrete y Edder Oniel Muñoz.
«Este grupo de beneficiarios aún permanece detenido y se encuentra en un estado de desprotección absoluta, corriendo un grave riesgo de sufrir daños irreparables a su derecho a la vida, salud y alimentación. Esta situación de desprotección es lo que motiva nuestra preocupación de presentarnos ante este organismo», concluyó.
Debe haber una fórmula para que Nicaragua sea libertada de un hombre irracional.
Sanciones para ese régimen asesino y criminal.