Una defensora de derechos humanos, que pide protección a su identidad para evitar la represión de la dictadura de Nicaragua, denunció que el régimen utiliza a trabajadores del Estado para espiar en algunos casos y amenazar en otros a quienes en los municipios consideran opositores.
A su criterio, tareas de esa naturaleza deforman el servicio público y más que verlos como seguidores por ideología, los expone a cometer delitos. «Es un servicio paramilitar digamos, obligatorio además», dijo la activista.
Una fuente del partido FSLN, que se mostró inconforme con la forma en que la familia Ortega Murillo dirige la organización política, confirmó que son como una especie «de misiones» orientadas a cumplirse so pena de perder la plaza laboral si desobedecen. «Lo hacen sí o sí, les dicen», indicó el militante.
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«Esas misiones se cumplen dentro y hasta fuera del horario laboral, se les orienta espiar e informar sobre el movimiento del opositor. En casos especiales les dicen que deben organizarse con gente de la Policía y efectivos del Ejército», relató.
«Por ejemplo, si yo le trabajo al Estado, a mí me ingresan a una fila oficial del Ejército o de la Policía y me pueden mover a otro lado a ir a cumplir misiones. Es preocupante, porque la gente no lo ve serio, pero esto es como servicio militar», agregó la activista de derechos humanos.
Instituciones sirven al partido
El militante explicó que esas «misiones» pueden variar; desde identificar personas opositoras al gobierno, pasando por el asedio a la población no sandinista, marcar amenazas en las paredes de las casas, participar en procesos jurídicos inventados contra opositores, contra sacerdotes, periodistas, defensores de derechos humanos y por supuesto, la persecución.
«Sobre esto último, incluso hay casos que la misión es contra nicaragüenses que pueden estar en el exilio ya sea en Costa Rica, España hasta en Estados Unidos o contra su familia que está en el país», dijo.
La especialista en derechos humanos aseguró que producto de este nuevo modelo de servicio a la dictadura, el sentimiento que existe entre los defensores de derechos humanos es que el país se encuentra «manos arriba, vigilado por todos lados y bajo amenaza de cárcel, confiscación, tortura y destierro». «Todas las instituciones están partidarizadas y no podemos hablar, no podemos decir nada», apuntó.
«Derechos son delitos para ellos», advierte
La activista señaló que acciones como esas han hecho añicos los derechos de los ciudadanos a pensar diferente, a expresarse libremente, a escoger a sus autoridades como dice la Constitución Política del país. «Los derechos civiles son delitos desde que Daniel Ortega decidió gobernar con su familia por la fuerza», denunció.
Por último, recordó que antes del 2007, las instituciones de gobiernos locales y nacionales tenían bien definido su trabajo porque se cumplía la ley, pero ahora no. «Se hace lo que se dicta desde la casa de la pareja en el poder. Los alcaldes, por ejemplo, el que no cumpla se va, lo renuncian. Por eso es que no vemos proyectos sociales para la gente, solo obras de interés político», denunció.
Por: Voces Unidas
