El régimen de Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación (Migob), aprobó la convalidación de registro de seis organizaciones deportivas, en medio de una oleada de ilegalización de más de tres mil organizaciones sin fines de lucro, a las que se les aplicó leyes creadas en 2020 para eliminarlas.
Entre las OFSL convalidadas está la Asociación Nicaragua Joven (Nica Speed), organización vinculada a la carrera de automóviles y cuyo «presidente honorario» es el excomandante guerrillero sandinista y asesor económico el régimen de Daniel Ortega, Bayardo Arce.
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La convalidación se ampra en el artículo cuarto de la Ley Nº. 1127, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley Nº. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y de Reformas a la Ley Nº. 522, Ley General del Deporte, Educación Física y Recreación Física, que señala que «los Organismos sin fines de lucro deportivos de educación física y de recreación física, y cámaras gremiales, empresariales, deberán convalidar su registro ante la Dirección General de Registro y Control de OSFL a cargo del Ministerio de Gobernación».
En base a lo anterior, el acuerdo Ministerial No. 34-2023-OSFL, publicado en la Gaceta, diario oficial señala que NICA SPEED «ha cumplido con los requisitos conforme Ley, para el proceso de convalidación de registro ante la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación», otorgándole así el número perpetuo 7048 de convalidación, emitido por la Dirección General de Registro y Control de Organizaciones sin Fines de Lucro.
La otras cinco organizaciones deportivas que contaron con la validez del gobierno de Ortega son la Asociación de Beisbol del Departamento de Estelí (ASBEDES), Federación Nicaragüense de Baloncesto (FENIBALÓN), Federación de Canotaje de Nicaragua (FECANIC), Federación Deportiva del Comité Paralímpico Nicaragüense (FEDCOPAN), Federación Nicaragüense de Karate-Do (FENIKA-DO). A todas se les otorgó número perpetuó, según la disposición de María Amelia Coronel Kinloch.
Cabe señalar que aunque la mayoría de las oenegés canceladas por la dictadura de Ortega afirman que cumplieron con los requisitos contemplados en los artículos anteriores, estas no fueron convalidadas, y más bien, fueron canceladas, primero mediante disolución legislativa y luego, tras una reforma a la ley, mediante orden ejecutiva del Ministerio de Gobernación.
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Desde el 2018 hasta la fecha, el régimen de Nicaragua ha ilegalizado más de tres mil organizaciones sin fines de lucro, entre las que están defensores de derechos humanos, altruistas, universidades, empresariales, gremiales —como el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), religiosas y hasta vinculadas al partido gobernante Frente Sandinista.
Para el abogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, solo están «sobreviviendo» las organizaciones allegadas al régimen de Ortega, «sin mayor espacio de libertad, porque no tienen posibilidad de opinión».
Además subrayó que es probable que otras organizaciones que estén bajo la línea de la dictadura podrá serán validadas, «inclusive otras que no han estado totalmente bajo la línea pero que no encuentran otra forma de sobrevivir en el país y eso pasa porque no es fácil salir de Nicaragua».
