El régimen orteguista continúa la cancelación de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), esta vez resolvió cancelar la personalidad jurídica de 100 asociaciones entre nacionales e internacionales. Con esta nueva lista la pareja presidencial de Nicaragua supera las tres mil oenegés «descabezadas» desde 2018.
Según el acuerdo ministerial publicado en La Gaceta de este miércoles, 16 de noviembre, el Ministerio de Gobernación (Migob) acordó «aprobar la cancelación de la personalidad jurídica de organismos sin fines de lucro» entre los que se encuentran asociaciones de desarrollo económico, social, intelectual, feministas y evangélicas.
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El Migob las señala de haber «incumplido sus obligaciones conforme ley; ya que no reportaron por más de 4 a 26 años juntas directivas del país de origen, actualización del poder del representante legal y estados financieros conforme periodos fiscales, con desgloses detallados de ingresos y egresos».
Las entidades también son señaladas de violar la Ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros; y la Ley 977, Ley Contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Esta vez las nacionales canceladas son 91 y nueve internacionales entre ellas el Instituto Americanos para Investigadores en las Ciencias del Comportamiento originaria de Estados Unidos, la Asociación de Trabajadoras Domésticas de Costa Rica, Fundación para el desarrollo de enfermería originario y Asociación para la Ayuda al Tercer Mundo, ambas originarias de España.
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El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha denunciado que «el propósito de estas cancelaciones es ejercer un control absoluto y silenciar a la sociedad; perseguir a quienes opinan diferente y establecer un pensamiento único, violentando los derechos humanos del pueblo nicaragüense».
Rechazan «la sistemática represión que el régimen impulsa contra organismos de la sociedad civil a quienes se les vulnera el derecho de libertad de asociación, participación política, el legal y debido proceso, así como la contribución al desarrollo de Nicaragua». Esta nueva arremetida en contra las ONG deja en desprotección a las personas y comunidades donde operaban las organizaciones con sus programas y proyectos.
