El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) le reprochó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la anulación de títulos profesionales «como represalia política» contra nicaragüenses que no están de acuerdo con su autoritarismo.
El organismo basa su afirmación en denuncias que recibió de los afectados, por lo que señala que «esta acción no es posible sino está justificada en delitos».
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Además, advierte que esta es una «nueva forma de represión» ejecutada por la dictadura de Nicaragua que arreció su ola de hostigamiento desde el 2018, año de la rebelión cívica.
Danny Ramírez-Ayérdiz, secretario ejecutivo de Calidh, explicó a Artículo 66 que los títulos profesionales que el régimen está anulando son de personas que están en Nicaragua y «que no necesariamente estuvieron vinculadas a la política ni a defensa de presos políticos».
El defensor subrayó que se estuvo recibiendo notas anónimas tanto en las redes sociales de la organización como al correo electrónico, y que entre los que se les revocó el título de ejercicio profesional están contadores, ingenieros y abogados.
«Esto es muy preocupante porque consideramos que se está configurando un nuevo patrón represivo y parece que esta vez está dirigiéndose en contra de los profesionales, a fin de callarlos y que no puedan elevar su voz», refirió el defensor.
Temor en abogados de ser encarcelados
Otra de las preocupaciones que mencionó Ramírez-Ayérdiz es el temor de los abogados de ejercer su profesión. «Hemos recibo aproximadamente unas 10 notas en las últimas 10 semanas por parte de abogados que nos han solicitado que en el caso de ser detenidos, solicitemos medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)».
Asimismo, indicó que varios abogados mostraron expedientes que habían sido «armados» por el Poder Judicial, donde se les acusa de una serie de delitos, «que no tienen nada que ver y que se nota que la finalidad es el castigos de los profesionales».
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Ante estos hechos arbitrarios, Calidh alertó a la sociedad y a la opinión pública respecto de esta nueva forma represiva porque según Danny Ramírez-Ayérdiz «parece que los profesionales que están en Nicaragua son las nuevas víctimas que van a sufrir de las tropelías del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo».
El también abogado insistió que la «peligrosidad» de este nuevo comportamiento represivo por parte de Ortega, es que pone en «grave situación» el ejercicio libre de las profesiones que es un derecho humano».
Recientemente, este medio de comunicación conoció por fuentes en condición de anonimatos que la represión en contra de profesionales se ha extendido al sector educativo donde el Ministerio de Educación (Mined) ha despido y cancelado la licencia a docentes que no ajustan a su política dictatorial.
A cinco años de la represión política que vive Nicaragua, el régimen de Ortega se han ensañado contra toda la población nicaragüense, sometiéndolos al destierro, cárcel, exilio, despidos masivos y ahora ilegalizando títulos profesionales.
