El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) denuncia que el arrebatamiento de la nacionalidad a presos políticos por parte del régimen de Nicaragua constituye un «abuso y una falta» al derecho internacional. Explica que el Estado no tiene la potestad para arrebatar este derecho a los ciudadanos nicaragüenses.
«La nacionalidad no es un concesión de los Estados, es decir aunque tengan la potestad de regularla, no tienen la posibilidad de arrebatarla porque es inherente al ser humano. La nacionalidad es consustancial a todas las personas. Si bien, existen legislaciones abusivas respecto de la nacionalidad de quienes nacen en un Estado o su territorio, el consenso internacional al respecto ratifica el carácter privativo, es decir, la nacionalidad nace con el humano y le pertenece al ser humano más allá de las regulaciones estatales», refiere el comunicado de la organización.
Noticia relacionada: Alex Hernández: «Monseñor Álvarez nos sacó de la cárcel y se sacrificó por nosotros»
La organización recuerda que el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, máximo instrumento por excelencia de esta materia en el mundo, establece que la nacionalidad es algo que «le pertenece» a la persona sin tener en cuenta la Declaración siquiera que para tener nacionalidad sean necesarias las regulaciones estatales. «A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad», establece el documento.
«Una persona es nacional porque es su derecho que le acompaña desde que nace hasta que muere y no porque lo diga ni siquiera una constitución o una ley», destaca Calidh. Además, reiteran que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha dicho en su opinión consultiva 04/84 «la nacionalidad, conforme se acepta mayoritariamente, debe ser considerada como un estado natural del ser humano. Tal estado es no sólo el fundamento mismo de su capacidad política sino también de parte de su capacidad civil».
El documento añade que esta nueva acción de Ortega en contra de opositores se encuentra fuera de lugar, debido a que, «de hecho, en general, los derechos humanos, incluso el de nacionalidad, no los crea el Estado, existen y son superiores a él porque hacen parte de la naturaleza humana y la obligación estatal es desarrollarlos sin limitar su esencia o ejercicio en la ley o en la práctica».
Ortega ordenó este jueves, nueve de febrero, el destierro de 222 personas políticas a Estados Unidos. Además, mandó a sus diputados a aprobar de urgencia una reforma constitucional para retirar la ciudadanía nicaragüense a los detenidos. Ahora esas personas están en Estados Unidos, bajo el parole humanitario.
Calidh afirma que esto constituye un crimen de lesa humanidad cometido por la dictadura, también observa que jurídicamente es imposible imponer esta pena a los 222 desterrados. En primer lugar, porque antes de que fueran desplazados forzadamente la pena no existía, y la propia constitución, reformada arbitrariamente horas después del destierro, establece que no hay pena retroactiva. En segundo lugar, el Estado, al considerar la deportación forzada como un «acto soberano».
Finalizan el escrito solicitando a la comunidad internacional que reconozca la nacionalidad de los ciudadanos desterrados por el régimen Ortega-Murillo. «El reconocimiento de la nacionalidad nicaragüense por los Estados democráticos comprometidos con el restablecimiento de la democracia y los derechos humanos en Nicaragua redundará en que este pretendido despojo, quede como actos unilaterales y contrarios del orden internacional», expresa Calidh.