El equipo interdisciplinario Urnas Abiertas criticó que el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, defendiera una vez más el financiamiento económico de más de tres millones de dólares al régimen de Daniel Ortega, señalado de crímenes de lesa humanidad.
Las reacciones del grupo se dan luego del debate público entre Mossi y Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, y Ryan Berg, investigador del Programa de las Américas en el Centro de Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS por sus siglas en inglés), en el que se abordó el tema de apoyo financiero ofrecido por la entidad al Gobierno de Nicaragua.
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En el análisis realizado por Urnas Abiertas encontró una serie de inconsistencias, señalando además que las declaraciones del presidente del BCIE «no coinciden con la realidad de Nicaragua».
Referente a los alegatos de Dante Mossi, en el que afirmó que el BCIE financia proyectos en el «rango de servicio humanitario» y no por razones políticas, los expertos indicaron que los proyectos de inversión pública como carreteras, hospitales, sistemas de agua y otros, ha sido usados «para hacer propaganda y proselitismo a favor del FSLN».
«La ciudadanía es la que termina pagando estos proyectos, a través de los impuestos, pero en cada inauguración se agradece al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo», señaló Urnas Abiertas.
Además recordó que el reciente informe del Grupo de Expertos sobre Nicaragua de Naciones Unidas (GHREN) señaló al menos a siete instituciones públicas en la comisión de crímenes de lesa humanidad, «lo que sostiene que la estrategia sistemática de persecución de la dictadura no se mantiene únicamente con la compra de armas, no hay “servicio humanitario” alguno en seguirles financiando».
Nicaragua sin transparencia
En cuanto a las afirmaciones de Mossi que para la entidad bancaria es importante las «auditorías y transparencia», sin embargo el observatorio sostuvo que «los organismos internacionales como el BCIE están ignorando que la capacidad de la auditoría social en Nicaragua está reducida».
A su vez, remarcó que Nicaragua no cuenta con una infraestructura gubernamental para la evaluación de proyectos de inversión pública y que «el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI) ha señalado que «todos los países, sobre todo los mercados emergentes y los países en desarrollo de ingresos bajos, tienen un margen importante para mejorar la gobernanza de sus infraestructuras y aumentar la eficacia de la inversión pública».
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Urnas Abiertas indicó que a pesar de que el BCIE financia el 60 % de la inversión pública, no ha tomado en consideración que solamente con una mejor gobernanza se podrá garantizar la eficiencia de esta inversión.
Refirió también que «al BCIE parece no importarle que se cumplan estándares de transparencia a lo interior de los países ni que los proyectos que financia carecen de suficiente información pública».
«La ciudadanía nicaragüense no puede ni incidir ni auditar estos préstamos y proyectos porque la información pública está totalmente limitada. El gobierno quiere que los nicaragüenses paguemos una deuda de proyectos que no podemos ni incidir ni auditar», fustigó la organización.
Comportamiento macroeconómico no es suficiente
Por otra parte, los expertos afirman que si bien es cierto que los organismos internacionales evalúan a los países por cumplir los criterios de comportamiento macroeconómicos, política fiscal y monetaria, «el GHREN ha incluido en sus recomendaciones que es de suma importancia incluir el parámetro de derechos humanos».
Subrayó además que «es importante que la oposición que aspira a tomar el poder político en la futura transición democrática empiece a elevar la parada y anunciar el no pago de esta deuda odiosa que está adquiriendo el gobierno ilegítimo de Nicaragua».
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El BCIE es el principal «patrocinador» de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En los últimos años, el financiamiento de este ente regional pasó de representar el 21.39 % del Programa de Inversión Pública (PIP) en 2017 a 39.14 % en 2022, lo que ha llevado a que sea muy criticado por la falta de transparencia en el uso de los fondos por parte de la dictadura orteguista.
El próximo 29 de marzo, Urnas Abiertas, junto al Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) publicará un libro colaborativo respecto a la transparencia de los gobiernos locales en el país.
