Organizaciones de la sociedad civil y de víctimas de violaciones a derechos humanos de Nicaragua denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la reciente acometida del régimen de Daniel Ortega de despojar de la nacionalidad nicaragüenses a 317 ciudadanos.
«La pérdida de nacionalidad ha implicado que estas personas sean despojadas de sus lazos familiares, culturales, costumbres, borrando sus registros públicos, incluyendo sus actas de nacimiento, confiscando sus bienes», denunció el abogado Yader Valdivia, del Colectivo de DerechosHumanos Nicaragua Nunca Más, en una audiencia pública celebrada el viernes, 11 de marzo.
El informe de la CIDH también destaca que «esta situación ha generado varias afectaciones a la salud como estrés postraumático, cuadros de ansiedad y de insomnio, sensaciones recurrentes de angustia, colitis, entre otras sintomatologías. Todo ellos sin que las personas puedan acceder a la atención psicosocial requerida».
Los menores de edad, familiares de los afectados, también están experimentando estrés e incertidumbre derivado de la condición de apatridia de sus cercanos, «incluso, la niñez se ha mostrado afectada a su derecho al arraigo digno y a la identidad».
Carmen Herrera, del Instituto Raza e Igualdad, indicó que les «preocupa enormemente que esta situación se continúe agudizando, pues aún permanecen 37 personas en las cárceles en iguales o peores condiciones; continúan las detenciones resaltando la situación de monseñor Rolando Álvarez y Fanor Ramos, a quienes sus familias no han visto desde el nueve de febrero, desconociendo su ubicación».
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Lucía Pineda, directora del medio 100% Noticias, denunció que la persecución ha traspasado las fronteras al despojarlos de su nacionalidad y bienes, a pesar de encontrarse en el exilio; por lo que pidió a la Comisión que informe, por las vías correspondientes, al Gobierno de Costa Rica y de otras naciones «que activen sus medidas de seguridad ante la persecución» porque no duda que «la dictadura los quiera eliminar por completo».
Por su parte, el abogado Uriel Pineda, declarado apátrida, advirtió que el «traslado forzado es un crimen de lesa humanidad» y solicitó al organismo conceda medidas cautelares a los afectados.
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Al momento del destierro y despojo de la nacionalidad al menos 87 personas eran beneficiarias de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, y al menos otra docena eran beneficiarias de medidas cautelares de la CIDH, sin embargo, «el Estado ha incumplido sus obligaciones internacionales y, por el contrario, ha agravado la violación de derechos».
La situación de salud se agrava en el caso de las personas adultas mayores, indica el organismo. Al menos 31 de las 94 personas despojadas de su nacionalidad tienen más de 60 años de edad.
Al respecto, la feminista expatriada Ana Quiroz , dijo «casi 40 años de cotizaciones me los han expropiado. No soy joven ¿Cuál sera mi futuro? Afecta a mis hijos porque son hijos de madre soltera ¿Qué apellido tendrán si me han borrado? Siento que hay una saña particular nuevamente porque soy mujer, feminista y lesbiana».
Quiroz pidió al organismo que solicite a los Estados que han ofrecido protección y nacionalidad a los apátridas que informen sobre los mecanismos para ejercer ese ofrecimiento y el alcance de la oferta en cuanto a sus familias y sus grupos sociales.
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El comisionado de la CIDH Joel Hernández García manifestó que ese «ofrecimiento generoso» de los países tiene que convertirse operativa, por lo que conocer con detalles las necesidades específicas de los afectados es importante para ver cómo la Comisión puede acercar a estos países con las personas que necesiten protección especial.
La comisionada Esmeralda Arosemena de Troitiño calificó la situación de los nicaragüenses apátridas de «difícil, compleja, absurda y tan llena de terror».
«Expresarle al Gobierno de (Daniel) Ortega y (Rosario) Murillo que se haga una reflexión en su condición, primero, de dirigentes de un país y segundo, y de mayor fortaleza, en su condición de seres humanos, y lo que la humanidad de todos y todas las nicaraguünses tiene que ser respetada por ese Gobierno».
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Entre el nueve y el 15 de febrero, el régimen de Ortega y Murillo declaró «traidores a la patria» a 317 personas, de estas 222 fueron desterradas a Estados Unidos y 94 fueron anunciadas a mediados del mes. Junto al arrebato de la ciudadanía nicaragüense también ordenó la confiscación de sus bienes.
Los más de 300 nicaragüenses declarados apátridas habrían sido acusados por el Ministerio Público por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional en concurso real con el delito de propagación de noticias falsas a través de la tecnología de la información y de la comunicación, todo en perjuicio del Estado de Nicaragua y la sociedad.
