El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se reunió con un grupo de excarcelados políticos que fueron desterrados a Estados Unidos por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El máximo funcionario del organismo regional aseguró, en su cuenta de Twitter, que los crímenes cometidos contra los opositores declarados apátridas deben ser conocidos por la Corte Penal Internacional.
El pasado nueve de febrero, el régimen ordenó la expatriación de 222 personas presas políticas de Nicaragua. La idea de enviarlos al destierro fue de Rosario Murillo, reveló el mismo Ortega horas después que despegó el avión con los desnaturalizados de Managua rumbo a Washington, la capital de Estados Unidos.
«Recibí a un grupo de 27 nicaragüenses excarcelados y desterrados por la dictadura. Les expresé nuestro apoyo a sus denuncias por los crímenes de lesa humanidad sufridos, que deben ser trasladadas a la CPI, así como apoyaremos sus solicitudes de asilo y refugio al gobierno de EE. UU.», escribió Almagro en su cuenta de la red social.
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La mayoría de los excarcelados desterrados eran beneficiarios de medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la OEA. Pero el régimen de Managua nunca tomó el consideración las peticiones de dicho organismo. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) también había ordenado a Nicaragua la liberación de algunos de ellos.
Entre los excarcelados que se reunieron con Almagro están Karla Vega, Edward Lacayo «La Loba», Uriel Pérez, Muammar Vado, Marvin López, Carlos Bonilla, Julio Pineda y José Santos Sánchez, la mayoría de ellos son originarios del departamento de Masaya, bastión de la rebelión cívica de abril de 2018.
El 23 de febrero, 17 países miembros de la OEA deploraron el destierro de 222 personas presas políticas y la desnaturalización de 94 opositores por parte de la dictadura de Nicaragua.
La declaración contó con el respaldo de Argentina, Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Jamaica, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uruguay.
«Tras meses y años en algunos casos, de detención injustificable, en condiciones muchas veces espantosas, la liberación de estos presos políticos estaba en espera y compartimos la alegría de las familias, amigos y simpatizantes de los liberados», señaló la OEA recientemente.
