El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) expresó su «profunda solidaridad» con la prensa independiente de Nicaragua ante el «riesgo y peligro» que enfrentan los hombres y mujeres de prensa bajo el contexto de represión impuesta por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«El Día Nacional del Periodista en Nicaragua, aún con el conocimiento de que el ejercicio del periodismo en y sobre lo que acontece en Nicaragua se realiza en medio de dificultades, peligros y riesgos para la integridad física y psíquica de las mujeres y hombres de prensa. Reconocer el inescrutable e invaluable aporte que los medios y periodistas independientes han y siguen realizando respecto de la construcción y sistematización de la verdad respecto de las graves violaciones de derechos humanos que ha cometido el gobierno de Nicaragua», refiere el comunicado de Calidh.
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La organización destaca que la represión, persecución y criminalización del ejercicio de la libertad de prensa que ha hecho imposible que los medios y periodistas independientes puedan ejecutar su labor en suelo nicaragüense. Asimismo, considera que «es inaceptable que las salas de redacción, medios escritos y digitales estén todos en el exilio».
«En Nicaragua la libertad de prensa está suprimida y esto constituye una grave violación a un derecho humano fundamental en arreglo con las disposiciones del Derecho Internacional», resalta Calidh.
En 2022, el régimen Ortega-Murillo clausuró más de 50 medios de comunicación y sacaron de la parrilla de televisión por cable a dos medios internacionales, entre ellos CNN en Español. Además, ocho noticieros o programas de opinión dejaron de transmitir, la mayoría de ellos no se pronunciaron para evitar represalias del régimen.
El régimen también persiguió, procesó y encarceló a hombres y mujeres periodistas, trabajadores y directores de medios de comunicación desde abril de 2018, entre ellos Lucía Pineda Ubau, Miguel Mendoza, Miguel Mora, Cristiana Chamorro, Jaime Arellano, Juan Lorenzo Holmann y Pedro Joaquín Chamorro. «Nos ponemos a su disposición para acompañarlos en sus iniciativas de justicia internacional por las violaciones de derechos humanos sufridas en sus encierros ilegales y por la devolución de las instalaciones confiscadas por el gobierno de Nicaragua», expresa la organización.
«Condenamos el supuesto acto unilateral y contrario al Derecho Internacional de despojo de la nacionalidad a periodistas y directores de medios de comunicación nicaragüense y nos solidarizamos con ellos y ellas, esperando que la protección internacional sea lo más expedita posible para ustedes», añade el escrito.
La crisis política de Nicaragua se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con Murillo como vicepresidenta. Bajo este mandato, el periodismo ha sido calificado como «profesión de alto riesgo», por lo que organizaciones internacionales han solicitado al Estado que garantice los derechos a la libertad de prensa en el país centroamericano.