El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo por medio del Ministerio de Gobernación resolvió el pasado viernes la cancelación de 25 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), incluyendo una alianza entre Rusia y Nicaragua.
Mediante el acuerdo ministerial número 15-2023 publicado en La Gaceta, la ministra de Gobernación de Nicaragua, María Amelia Coronel Kinloch, aprobó la «disolución voluntaria de la personalidad jurídica a la Asociación para la Promoción de la Lengua y la Cultura Rusas en Nicaragua (Ruso-nicaragüense), por encontrarse inactiva desde 2017».
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Además, entre las 25 organizaciones canceladas se encuentran la Fundación Alberto y Berta Chamorro, Fundación S.O.S Guardianes de la Infancia (Fugdi), la fundación Pro-Beneficios de la Niñez en Situación de Riesgo del Departamento de Carazo, Asociación Veteranos de Guerra de Carazo, Asociación de Pensionados y Cotizantes del Régimen de Seguridad Social de Nicaragua, Asociación de Mujeres Campesinas una Nueva Esperanza, Asociación para el Desarrollo Social, Fundación Brigada Médica de Ayuda Humanitaria Linda, entre otros.
El Migob argumentó que cerró de forma unilateral 20 ONG «por estar en abandono y tener entre 2 a 15 años de incumplimiento de sus obligaciones conforme a las Leyes que los regulan». Con el cierre de estas nuevas 25 oenegés el régimen suma más de tres mil organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
La dictadura ha argumentado que la ilegalización de las ONG forma parte de un «proceso de ordenamiento», debido a que no todas de las más de siete mil que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 estaban operando.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) ha denunciado que los ataques de la dictadura a la libertad de asociación en Nicaragua «alcanzaron su máximo nivel de agresividad». El cierre de las ONG, considera el Cenidh, constituye un «crimen» porque «trastoca el plano individual, pues las víctimas directas de estas acciones perversas son las personas que eran beneficiadas por el apoyo de las oenegés destruidas».
«El régimen persistió en reprimir a través de diferentes métodos para reducir el espacio cívico; cancelaciones de personalidades jurídicas, obstaculización en el registro de las organizaciones, implementación de normativas que restringieron la cooperación internacional, limitando y/o obstaculizando actividades de desarrollo, transparencia y democracia», recoge el documento de la organización defensora de derechos humanos.
La dictadura ha incrementado su represión desde enero de 2022 hasta la fecha, no solo contra organizaciones no gubernamentales a las que cancela sin justificación, sino contra la oposición nicaragüense y la Iglesia católica.