La Internacional Socialista expresó su «preocupación» por la reforma al artículo 21 de la Constitución Política de Nicaragua que despoja de la nacionalidad nicaragüense a los 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos, ayer jueves, nueve de febrero. La aplanadora de diputados sandinistas aprobó la enmienda con trámite de urgencia con el voto favorable de 89 legisladores.
La organización considera que el cambio en la carta magna es una «afrenta a los derechos humanos fundamentales y a la libertad de los ciudadanos de Nicaragua». Para que entre en vigencia la reforma deberá ser aprobada nuevamente en la próxima legislatura, recordó la Internacional Socialista.
«Con esta declaración hacemos un llamamiento al Parlamento de Nicaragua para que revoque esta ley punitiva que socava significativamente los derechos humanos fundamentales y los propios principios sobre los que prevalece la democracia», señala la declaración de la organización mundial.
Además, agradecen a Estados Unidos y a la comunidad internacional por sus esfuerzos para lograr la liberación de todas las personas presas políticas de Nicaragua. También agradeció al Gobierno de España, dirigido por el presidente de la Internacional Socialista, de ofrecer la nacionalidad española a los excarcelados de la dictadura de Nicaragua.
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«Hacemos un llamamiento al gobierno nicaragüense para que tome las medidas necesarias para garantizar que todos los presos políticos sean liberados y se tomen medidas concretas para proteger los derechos de sus ciudadanos y trazar un nuevo camino hacia la restauración de la democracia en el país», urgen.
Ortega ordenó el nueve de febrero el destierro de 222 personas políticas a Estados Unidos. Además, mandó a sus diputados a aprobar de urgencia una reforma constitucional para retirar la ciudadanía nicaragüense a los detenidos. Ahora esas personas están en el país norteamericano bajo un parole humanitario.
Organismos de derechos humanos, la Unión Europea y otros países de la comunidad internacional se han pronunciado por la decisión del régimen de dejar apátridas a los excarcelados políticos, violando la Constitución Política de Nicaragua y los estándares internacionales de derechos humanos.
