El Mecanismo para el Reconocimiento de las Personas Presas Políticas publicó la lista de ciudadanos presos políticos que aún no han sido liberados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la lista se encuentra monseñor Rolando Álvarez, los sacerdotes Manuel García y Leonardo Urbina.
«Luego de cotejar la lista de personas presas políticas del mecanismo con la lista de personas excarceladas publicada hoy identificamos a 38 personas que no fueron incluidas en el listado y siguen arbitrariamente detenidas, exigimos su liberación inmediata», expresó el mecanismo a través de la publicación de la lista de opositores que continúan como rehenes del régimen.
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La lista oficial establece que 222 presos políticos partieron esta mañana «deportados» por la dictadura, con rumbo a Washington, en Estados Unidos, pero el recuento anterior establecía que en las cárceles de Ortega había 245 personas detenidas hasta enero de 2023. El dato destacó 10 nuevas detenciones, principalmente de pobladores vinculados con la Iglesia católica y familiares de presos políticos.
En el recuento se encuentran el abogado José Manuel Urbina Lara, Eddy Meléndez Lacayo, los sacerdotes Manuel Salvador García Rodríguez y José Leonardo Urbina Rodríguez, Martha Candelaria Rivas Hernández, José Leonardo Urbina Rodríguez, Rodrigo José Navarrete, Freddy Valdivia Hernández y monseñor Rolando José Álvarez Lagos. Hasta el momento se desconoce lo que sucederá con sus casos.
Según la información, el grupo enviado fuera del país esta mañana, que representa más del 80 % de los detenidos por el régimen, incluye candidatos a la Presidencia de Nicaragua, periodistas, defensores de derechos humanos y activistas. A la mayoría de los «deportados» el régimen los había acusado de «traición a la patria y menoscabo a la defensa, la soberanía y autodeterminación para la paz».
El Cento Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) señaló que «la deportación es completamente inaplicable en este caso, porque esta figura jurídica migratoria que se aplica específicamente a extranjeros que han cometido delitos en este país, están llamándole deportación a un destierro que está absolutamente prohibido en todas las legislaciones y las normas internacionales de derechos humanos».
Asimismo, Urnas Abiertas denunció que «los procesos usados tanto para cambiar las sentencias como para reformar la Constitución son totalmente irregulares».
«Una vez más se usa la institucionalidad para intentar cubrir de legalidad un acto irregular, contrario a la ley, que atropella libertades individuales y políticas», apuntó.