En la lista de 222 presos políticos desterrados por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no figuran los nombres de los sacerdotes Manuel Salvador García y monseñor Leonardo Urbina. Ambos religiosos fueron acusados por presuntos delitos sexuales o violencia en el contexto de la persecución religiosa de la dictadura contra la Iglesia católica.
La justicia orteguista expulsó a los 222 ciudadanos por ser considerados «traidores de la patria». Justificó su decisión reformando el artículo 21 de la Constitución Política de la República, a través del Poder Legislativo, y ordenó al Poder Judicial «deportarlos» por violar la Ley 1055, Ley de Soberanía.
El padre Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno, en el municipio de Nandaime de la Diócesis de Granada, fue el primer sacerdote apresado por el régimen. El religioso fue aprehendido el primero de junio de 2021.
Noticia relacionada: Monseñor Álvarez rechazó ser desterrado a Washington y continúa en arresto domiciliar
García fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por los supuestos delitos de lesiones físicas y psicológicas en perjuicio de Martha Candelaria Rivas, quien se negó a denunciar el religioso y fue acusada por el supuesto delito de «falso testimonio».
Monseñor Leonardo Urbina Rodríguez, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro de Boaco, fue detenido el 13 de julio en su ciudad. En ese momento fue el segundo religioso detenido. El régimen lo condenó a 30 años de cárcel por el supuesto delito de violación a una menor de 14 años y lesiones psicológicas leves en perjuicio de la víctima de iniciales M.J.V.S. de 12 años.
Monseñor Álvarez rechazó ser desterrado
Una fuente política dijo a EFE que el obispo de la Diócesis de Matagalpa, Rolando José Álvarez Lagos, quien guarda arresto domiciliario, fue incluido por las autoridades en la lista de prisioneros a ser enviados a Washington, pero no aceptó el destierro impuesto por el régimen de Ortega y Murillo.
El obispo fue detenido la madrugada del 19 de agosto de 2022 tras 15 días de asedio policial que lo mantenía encerrado en la Curia Episcopal de la Diócesis de Matagalpa. Con violencia fue sacado del sitio religioso y llevado bajo arresto domiciliario a Managua.
El régimen lo acusó de presunta conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense. Su juicio político por esos supuestos delitos será el próximo 15 de febrero.