Este 30 y 31 de enero, los presos políticos detenidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Nuevo Chipote», serán vistos nuevamente por sus familiares. Fuentes extraoficiales informaron a Artículo 66 que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó un nuevo encuentro. Los reos fueron vistos por última vez el 31 de diciembre de 2022 y el primero de enero de este año.
En los más de 18 meses detenidos en las celdas de la dictadura, los rehenes de conciencia cautivos en ese centro de investigación han sido vistos en pocas ocasiones, incluso nadie ha tenido información de ellos por largos periodos de hasta 86 días. Dicha situación ha sido denunciada por sus familiares en diversos comunicados y declaraciones públicas.
El artículo 130 del reglamento de la Ley 473, Ley del Régimen Penitenciario y Ejecución de la Pena, establece la periodicidad de las visitas familiares para los privados de libertad en los diferentes regímenes. Las visitas serían cada ocho, 15 y 21 días, pero en la práctica sucede lo contrario con los presos políticos.
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Los únicos que podrían ser visitados cada 30 días son los presos que se encuentren en «contingente de seguridad y máxima seguridad», según el reglamento de la ley mencionada.
Con medidas cautelares y en libertad
La mayoría de los presos políticos cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo continental ha documentado las serias violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de libertad en el contexto de la crisis que atraviesa el país desde 2018.
En 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al régimen Ortega Murillo la liberación inmediata de más de 40 de ellos, en su mayoría detenidos en las celdas de «El Chipote», un sitio donde son sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, según denuncias de organismos locales e internacionales de derechos humanos.
Los rehenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo cumplen penas de entre ocho y trece años de cárcel por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Según la justicia del régimen, los opositores presuntamente violaron la Ley 1042, Ley de Soberanía y la Ley 1050, Ley de Soberanía. Ambas normativas han sido catalogadas como represivas para perseguir a la oposición, aprobadas en un contexto de violación a los derechos humanos.
