La justicia del régimen orteguista impuso una defensora pública a monseñor Rolando Álvarez Lagos, obispo de la Diócesis de Matagalpa, pese a que la familia del purpurado solicitó el nombramiento de una defensa privada, denunció el abogado Yader Morazán, experto en administración de justicia y exfuncionario del Poder Judicial.
La «defensa» asignada por la dictadura al obispo Rolando Álvarez es Jennifer Hernández, la misma defensora pública que le fue impuesta a monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia Perpetuo Socorro de Boaco de la Diócesis de Granada, acusado de abuso sexual y violación contra una menor de 14 años.
«A puerta cerrada y con la misma defensora pública Jennifer Hernández (impuesta por el régimen) se llevó a cabo la audiencia Inicial en contra de Mons. Rolando Álvarez, ignorando la solicitud del nombramiento de una abogada de confianza de la familia. La causa se remitió a juicio», denunció Morazán en su cuenta de Twitter.
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Este martes, 10 de enero, monseñor Rolando Álvarez enfrentó la justicia de Ortega y Murillo en una audiencia inicial, que ha sido catalogada por expertos del derecho como «nula e ilegal», vestido con una camisa blanca y pantalón negro, sin su habitual traje de obispo de la Iglesia católica.
Según una captura de pantalla, difundida por el abogado, la hermana del monseñor Rolando Álvarez, Vilma Esperanza Álvarez, solicitó ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causas y Escritos (ORDICE) el nombramiento de una defensa técnica de su elección, pero dicha petición fue ignorada por el Poder Judicial.
«Ella (Jennifer Hernández) es la abogada defensora pública favorita del régimen para celebrar audiencias en contra de los sacerdotes. Fue quién celebró el caso de Mons. Leonardo Urbina, pese a haber sido la asistente del juez que lo condenó», recordó el exfuncionario judicial en Twitter.
La acusación contra monseñor Álvarez fue admitida por la juez décimo distrito penal de audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, quien envió el caso a juicio oral y público, pero una nota oficial de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central de Managua no especifica la fecha de inicio del juicio contra el jerarca católico.
Sobre la jueza, Morazán señala que es una «verdugo» y es parte de los «nuevos nombramientos» que realizó el Poder Judicial en 2019 «en sustitución de los primeros verdugos que juzgaron a manifestantes del 2018 y que fueron ascendidos a magistrados». «Ella ni carrera Judicial ha hecho, porque era coordinadora», destacó el jurista.
El régimen orteguista detuvo al obispo el 19 de agosto de 2021 lo acusa de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información, en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
