Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este martes la prisión de Anderson Torres, quien fue ministro de Justicia en el Gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022), en el marco de la investigación por los actos golpistas del domingo en Brasilia, informaron fuentes oficiales.
Torres era el ministro de Seguridad del Distrito Federal de Brasilia, cuando miles de simpatizantes radicales de Bolsonaro invadieron y destrozaron las sedes del Parlamento, la Presidencia y la Corte Suprema, en un intento por derrocar al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
“Fue ordenada la prisión del ex ministro de Seguridad Pública de Brasilia, Anderson Torres. Una acción más de la Justicia para mostrar que las instituciones funcionan y no toleran la barbarie”, anunció en sus redes sociales el senador Randolfe Rodrigues, portavoz del Gobierno de Lula en la Cámara Alta.
La decisión fue tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, quien también dictó el arresto del excomandante de la Policía Militar de Brasilia Fábio Augusto Vieira, efectuada este martes, y responde a una petición de la Abogacía General del Estado.
Según la prensa local, Torres, un fiel aliado de Bolsonaro, se encuentra actualmente en Estados Unidos, adonde viajó de vacaciones tras asumir la semana pasada la Secretaría de Seguridad de Brasilia.
No obstante, la Policía Federal ha registrado la casa de Torres en Brasilia en busca de pruebas.
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El pasado domingo, bajo su gestión como responsable de la seguridad de la capital brasileña, miles de bolsonaristas radicales vagaron con total libertad por las sedes de los tres poderes y destrozaron mobiliario de gran valor durante cuatro horas.
Torres fue cesado del cargo ese mismo domingo por el gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, quien horas más tarde fue apartado temporalmente de sus funciones, por orden del propio De Moraes, por su supuesta omisión a la hora de detener a la horda bolsonarista que asaltó las sedes de los tres poderes.
Según videos divulgados por la prensa brasileña, algunos policías se quedaron mirando mientras los grupos extremistas invadían las instalaciones públicas y hasta tomaron fotografías del momento con sus celulares.
El Gobierno de Lula sospecha que la insurrección bolsonarista fue posible gracias a la anuencia de las fuerzas policiales de Brasilia.
En este sentido, decretó una intervención federal del área de seguridad de la capital brasileña hasta el próximo 31 de enero.
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La medida supone que las corporaciones policiales locales estarán durante ese periodo bajo control directo de la Administración central, a través de un interventor, Ricardo Cappelli, quien a su vez sigue órdenes directas de Lula.
En una de sus primeras medidas, Cappelli, quien es secretario ejecutivo del Ministerio de Justicia, cambió los mandos policiales, incluido Vieira.
La intentona golpista ha dejado hasta el momento 1.500 detenidos entre el domingo y el lunes, aunque 599 fueron puestos en libertad este martes por “cuestiones humanitarias”.
