Este 10 de enero fue llevado a los juzgados de Managua el obispo de la Diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, el primer obispo de Nicaragua encarcelado y enjuiciado políticamente por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El régimen orteguista lo acusa de los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de las tecnologías de la información, en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense.
Este martes monseñor Rolando Álvarez enfrentó la justicia de Ortega y Murillo en una audiencia inicial, que ha sido catalogada por expertos del derecho como «nula e ilegal», vestido con una camisa blanca y pantalón negro, sin su habitual traje de obispo de la Iglesia católica.
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La acusación contra monseñor Rolando Álvarez fue admitida por la juez décimo distrito penal de audiencia de Managua, Gloria María Saavedra Corrales, quien envió el caso a juicio oral y público, pero la nota oficial de la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas del Complejo Judicial Central de Managua no especifica la fecha de inicio del juicio contra el purpurado.
«La autoridad judicial revisó las medidas cautelares decretadas en la audiencia preliminar manteniendo el arresto domiciliario, asimismo, admitió el intercambio de información de pruebas y remitió la causa a juicio. Y siendo que en la misma causa se encuentra acusado Uriel Antonio Vallejos por los mismos delitos, continuará vigente el oficio a INTERPOL para su captura», señala la nota oficial.
Monseñor Rolando Álvarez es una de las voces más críticas contra la dictadura de Ortega y Murillo, el binomio que controla los hilos del poder en Nicaragua, un país sumido en una crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos desde 2018. En ese año, el régimen ordenó sofocar a sangre y fuego las protestas sociales que pedían la renuncia del dictador.
Tras más de cuatro meses en cautiverio, el 13 de diciembre de 2021 la dictadura presentó a monseñor Rolando Álvarez en los juzgados de Managua. Las fotografías difundidas por los medios de propaganda mostraban al religioso con una guayabera azul y sin su sotana de obispo; el rostro se le vía demacrado.
La abogada, defensora de derechos humanos y autora del informe «Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?», Martha Patricia Molina, considera que el proceso judicial contra el obispo Rolando Álvarez presenta una serie de irregularidades que delatan la arbitrariedad del Estado.
Unos 15 sacerdotes, laicos, seminaristas, periodistas de Diócesis Media y el obispo Rolando Álvarez son parte de los más de 230 presos políticos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La mayoría son señalados de delitos bajo la Ley de Soberanía y Ley Especial de Ciberdelitos, dos instrumentos jurídicos inventados para encarcelar a los opositores y religiosos.
