El padre Edwing Román, expárroco de la iglesia San Miguel Arcángel de Masaya, lamentó el encierro que sufren sacerdotes, seminaristas y un laico por «ser testigos de la verdad».
Citando el texto bíblico del Evangelio según San Mateo 10:17-18, el religioso expresó, en relación a los curas secuestrados, que «los llevarán a los tribunales (…), ante gobernadores y reyes por mi causa».
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«Señor, siguen habiendo persecuciones porque el que no está conmigo, está contra ti. Obispos, Sacerdotes y laicos nos enfrentamos con todo esto porque tenemos que ser testigos de la Verdad», agregó el sacerdote a través de su cuenta de Twitter.
Román, exiliado en Estados Unidos, es una de las voces religiosas críticas del régimen de Nicaragua que ha demandado la libertad de todos los sacerdotes secuestrados, incluyendo a monseñor Rolando Álvarez, acusado por la justicia orteguista de menoscabo y noticias falsas.
Recientemente el cura tildó de «títere a sueldo» a la sancionada jueza Karen Vanessa Chavarría, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, quien fue la encargada del trámite al proceso penal y político en contra del obispo de Matagalpa.
«(…) cubre su rostro para no ser identificada (…) Solo para sus fechorías utilizan cubrebocas», señaló Román, quien agregó que al igual que otros judiciales del régimen de Nicaragua, «de pronto la vemos —a Karen Chavarría— pidiendo asilo».
12 sacerdotes acusados por la justicia de Ortega
Con la reciente acusación por «menoscabo a la integridad nacional y noticias falsas» contra monseñor Rolando Álvarez, ya son 12 religiosos a quienes el régimen de Daniel Ortega ha privado de su libertad en este 2022.
Los primeros en ser secuestrados, acusados y condenados por la justicia orteguista fueron el padre Manuel Salvador García, párroco de la Iglesia Jesús de Nazareno, de Nandaime, en Granada, condenado supuestamente por agredir a una mujer y amenazar a simpatizantes de la dictadura nicaragüense.
El segundo en ser enjuiciado fue monseñor Leonardo Urbina, párroco de la Iglesia del Perpetuo Socorro, de Boaco, condenado a 30 años de cárcel por el supuesto delito de violación a una menor de 14 años y lesiones psicológicas leves en perjuicio de la víctima de iniciales M.J.V.S., de 12 años.
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La dictadura siguió su embestida contra religiosos y el 14 de agosto secuestró al padre Óscar Benavidez, párroco de la Iglesia Espíritu Santo, de Mulukukú de la Diócesis de Suina. Fue aprehendido luego de salir de la capilla Concepción de María, donde ofició su homilía basada en la persecución y hostigamiento a los profetas. Fue llevado a las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como «El Chipote» donde permanece desde esa fecha.
El régimen de Ortega también acusó a los sacerdotes y seminaristas que acompañaron durante 16 días —del cuatro al 19 de agosto— al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas.
Los procesados son el primer y segundo vicario de la catedral de San Pedro, de Matagalpa, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, respectivamente; así como los sacerdotes Ramiro Tijerino—rector de la Universidad Juan Pablo II—y el padre Raúl Vega González. Enfrentan los mismos cargos los seminaristas Darvin Leiva y Melkin Centeno Sequeira, al igual que el camarógrafo Sergio Cárdenas.
Otro de los sacerdotes en ser encarcelado fue el padre Enrique Martínez Gamboa, párroco de la Iglesia Santa Martha, de la Arquidiócesis de Managua. Fue secuestrado la tarde del 13 de octubre, días después fue acusado de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Con esta detención ya suman nueve sacerdotes, dos seminaristas y un laico en prisión.
En vísperas de estas fechas de navidad y fin de año, los familiares de los más de 230 presos políticos, sacerdotes y defensores de derechos humanos siguen demandando su libertad, sin embargo, el dictador Daniel Ortega continúa con su ola represiva y no da muestras de quererlos liberar.
