El exaspirante a la Presidencia de Nicaragua y actual preso político Juan Sebastián Chamorro, cumple 566 días encarcelado en una de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocido como «El Nuevo Chipote», en Managua.
Desde su secuestro el ocho de junio de 2021, —previo a las elecciones residenciales en Nicaragua— la dictadura de Ortega solo ha permitido 13 visitas a su familiares y ha negado una llamada telefónica con su esposa, Victoria Cárdenas y su hija, ambas exiliadas en Estado Unidos.
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«En 18 meses encarcelado por razones políticas @Jschamorrog ha soportado condiciones deplorables (…) Sin material de lectura ni una Biblia. ¡Exigimos una Biblia!», reclamaron sus familiares a través de la cuenta de Twitter Juan Sebastián Chamorro.
El domingo 25 de diciembre, el empresario, de 51 años, fue visitado por cinco de su familiares, luego que entre el siete y ocho de este mes la Policía al servicio del régimen de Ortega permitiera una vista por motivos de las fiestas marianas e informara que se autorizarían otros encuentros en ocasión de las festividades de Navidad y fin de año.
Los parientes pudieron visitar por cuatro horas a Chamorro, donde conversaron y compartieron alimentos con él. Al igual que a otras familias de rehenes de conciencia, los familiares del opositor no tuvieron obstáculos al ingresar a «El Nuevo Chipote», tampoco fueron objeto de situaciones hostiles, a como sí ha sucedido en otras visitas.
Artículo 66 trató de comunicarse con Victoria Cárdenas, esposa de Juan Sebastián Chamorro, para conocer más detalles de esta última visita, sin embargo no se pudo establecer contacto.
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Cárdenas, quien tiene más de 20 años casada con Chamorro, ha lamentado que tanto a ella como a su hija aún no se les permite comunicarse con el secuestrado político, «ni siquiera nos permiten una llamada telefónica, una carta o una fotografía», expresó en una reciente entrevista.
Chamorro fue condenado bajo juicios que, según su abogado internacional Jared Genser, estuvieron llenos de irregularidades. Durante la comparecencia, la Fiscalía presentó a 27 agentes de la Policía como testigos en contra de Chamorro y otros seis presos políticos. La única prueba que se les imputaba era su participación en un grupo de WhatsApp y unas entrevistas en televisión.
El reo de conciencia es parte de la lista de más de 230 presos políticos a los que la dictadura los tiene en cautiverio tras levantar su voz en contra de su política autoritaria.
