El obispo David Jay Malloy, presidente del Comité de Justicia y Paz Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos (USCCB, por sus siglas en inglés) se sumó a la demanda de religiosos, defensores de derechos humanos y activistas políticos para que monseñor Rolando Álvarez sea liberado.
«Es con consternación que somos testigos del continuo deterioro de la libertad religiosa y los derechos humanos en Nicaragua. El 13 de diciembre, el obispo Rolando Álvarez, quien había sido secuestrado por el régimen y aislado bajo arresto domiciliario sin el debido proceso desde agosto por denunciar los abusos a los derechos humanos del régimen y la ruptura del orden democrático en Nicaragua, fue acusado de atentado a la integridad nacional y la propagación de noticias falsas», recordó el religioso a través de un escrito publicado en la pagina oficial de USCCB.
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Ante la arremetida de la dictadura orteguista contra monseñor Álvarez, Malloy hizo un llamado al Gobierno de los Estados unidos y a la comunidad internacional «para que busquen la liberación inmediata del obispo Álvarez».
A su vez demandó que se restaure la libertad religiosa «y las garantías de los derechos humanos e inicien un proceso de restauración del orden democrático y el estado de derecho en Nicaragua».
Recuerda la «sangrienta represión desde 2018»
En referencia a las protestas sociales de 2018, las que fueron reprimidas por policías y paramilitares, el obispo recordó esos eventos y los calificó de «sangrienta represión de manifestantes pacíficos».
Recordó además que desde que su predecesor, el arzobispo Timothy P. Broglio, viajó a Nicaragua «para expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos obispos y el pueblo de Nicaragua, el régimen y sus aliados han estado implementando una política de severa y sistemática agresiones e intimidaciones físicas, retóricas e institucionales contra la Iglesia Católica en Nicaragua».
El prelado insistió en que la deriva autoritaria del dictador Daniel Ortega los ha llevado a ejecutar «detenciones injustas, violencia», además de prohibir que «los sacerdotes regresen a Nicaragua, profanaciones de imágenes sagradas e incluso profanaciones del Santísimo Sacramento».
La exigencia de libertad para el obispo de la Diócesis de Matagalpa se ha hecho más notoria, luego que el martes 13 de diciembre la Fiscalía al servicio del régimen de Ortega acusar de forma oficial al prelado por supuestos delitos de menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüenses.
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Álvarez, quien recientemente cumplió 28 años de orden sacerdotal, es una de las voces religiosas más críticas del dictador Daniel Ortega, lo que ocasionó que encabezara la «lista negra de religiosos» considerados enemigos de la pareja presidencial.
Desde el 19 de agosto de este año fue privado de su libertad junto a otros sacerdotes, seminaristas y un laico, los que se encuentran recluidos en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) en Managua, acusados, igual que al obispo, del supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional».
