El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó a la ministra de Gobernación, Amelia Coronel Kinloch, la cancelación de la Asociación de Desmovilizados del Servicio Militar Patriótico (ADESMIP), Asociación de Combatientes y Colaboradores Históricos de la Revolución Sandinista (ASOCOHRS) y la Asociación de Desmovilizados y Caídos del Servicio Militar Patriótico en la Región Autónoma del Atlántico Norte (ADEC SEMPRAAN) en una nueva tanda de sanciones contra la libertad de asociación y las ONG.
Según dos acuerdos ministeriales de Gobernación, publicados este viernes, nueve de diciembre, en La Gaceta No. 231, estas tres asociaciones y otras 97 ONG, incluyendo nueve extranjeras, incumplieron las leyes del país como la Ley Contra el Lavado de Activos y la Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro.
Noticia relacionada: El 43 % de las ONG registradas en Nicaragua han sido disueltas desde 2018
Al menos 3.106 ONG de las 7.227 que se encontraban registradas en Nicaragua hasta 2018 han sido disueltas por órdenes de Daniel Ortega, según un informe presentado el pasado martes, seis de diciembre, por los organismos afectados por la deriva autoritaria de la dictadura.
«Tenemos una restricción del 43 % del espacio cívico que había antes de 2018» en Nicaragua, dijo el ambientalista Amaru Ruiz, director de la Fundación del Río, una de las ONG que fue ilegalizada por la Asamblea Nacional a petición del Ministerio de Gobernación.
Diputados sandinistas como Filiberto Rodríguez han dicho que las ONG afectadas utilizaron recursos de las donaciones que recibían para intentar derrocar al presidente Ortega en las manifestaciones que estallaron en abril de 2018.
Miles de nicaragüenses salieron a las calles a protestar por unas controvertidas reformas a la seguridad social, que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia de Ortega debido a que respondió con la fuerza.
Según el estudio, elaborado por la Red Local, Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Fundación Popol Na, Fundación del Río y Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a partir de febrero de este año «se desató la peor oleada de cancelación de personalidades jurídicas, con datos que asombran incluso a la Relatoría de Libertad de Asociación de Naciones Unidas».
