Ortega niega el ingreso a Nicaragua a delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura

El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) informó este miércoles, 23 de noviembre, la suspensión de su plan de visita a Nicaragua prevista para 2023, debido a la falta de cooperación por parte de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo para permitir el ingreso de los expertos al país.

Suzanne Jabbour, presidenta del SPT, indicó que «es extremadamente lamentable que Nicaragua se haya negado a cooperar con el SPT para realizar nuestra segunda visita al país para evaluar la implementación de las recomendaciones hechas después de nuestra primera visita hace ocho años».

El organismo de la ONU visitó Nicaragua por primera vez en 2014 y presentó un informe con recomendaciones a las autoridades que «el Estado ha mantenido confidencial».

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Además, Jabbour resaltó que «el Subcomité ha realizado más de 80 visitas durante sus 15 años de funcionamiento, y esta es la primera vez que nos encontramos con una negativa tan generalizada a la cooperación. Teniendo en cuenta que los Estados partes tienen la obligación legal de recibir a cualquier delegación del SPT, planteamos este grave asunto al Comité contra la Tortura según el procedimiento apropiado».

Asimismo, detalló que la administración orteguista ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT, por sus siglas en inglés) en 2009 y, «por lo tanto, acordó establecer un Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) independiente y apoyar el monitoreo del SPT de sus centros de detención».

El Subcomité para la Prevención de la Tortura se encarga de visitar los diferentes centros de detención alrededor del mundo con el objetivo de brindar recomendaciones a las autoridades para que éstas establezcan medidas efectivas contra la tortura y otros malos tratos a las personas privadas de libertad.

La negativa del régimen de Ortega y Murillo para permitir el ingreso de los expertos de la ONU al país se da bajo un contexto donde los familiares de presos políticos, organizaciones políticas y de derechos humanos han denunciado que los rehenes de la dictadura son sometidos a tratos degradantes, inhumanos, de tortura y a una alimentación no adecuada en los diferentes centros penitenciarios.

Además, han señalado que las autoridades nicaragüenses no les permiten a los reos políticos el acceso a un médico especializado para atender sus afectaciones en la salud, ni a material de lectura dentro de sus celdas.

De acuerdo con el último informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, hasta el 30 de septiembre de 2022, la dictadura orteguista mantiene a 219 opositores encarcelados en Nicaragua.