La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró en «desacato permanente» al régimen de Nicaragua que ha desatendido los constantes llamados al respeto de derechos humanos y libertad para los presos políticos. La organización reitera las medidas aplicadas a 46 presos políticos.
«Constituye un acto de desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones dictadas por este Tribunal, contrario al principio internacional de acatar sus obligaciones convencionales de buena fe y un incumplimiento al deber de informar al Tribunal, lo que pone en una situación de desprotección absoluta e incrementa la situación de riesgo en que se encuentran los beneficiarios», señala el documento del tribunal internacional.
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Destacan que la Corte enviará a «consideración de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el desacato de Nicaragua a sus decisiones. El Tribunal instruyó al presidente de la Corte para que presente ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos un informe sobre la situación de desacato permanente y desprotección absoluta en que se encuentran los beneficiarios de las medidas provisionales», refiere el escrito.
La Corte además recordó a la dictadura de Daniel Ortega las medidas provisionales entregadas en 2021 a favor de los presos políticos Juan Sebastián Chamorro García, José Adán Aguerri Chamorro, Félix Alejandro Maradiaga Blandón, Violeta Mercedes Granera Padilla, Tamara Dávila, Lesther Lenín Alemán y Freddy Navas López. Demanda que sean puesto en libertad «de forma inmediata».
«A la luz de lo expuesto, la Corte considera que la manifestación de no aceptación y rechazo del Estado a las Medidas Provisionales adoptadas por la Corte, así como el reiterado incumplimiento a las órdenes contenidas en las Resoluciones de 24 de junio, 9 de septiembre, 4 y 22 de noviembre de 2021 y 25 de mayo y 4 de octubre de 2022 y, en particular, la prolongación de la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales, mantiene a las personas beneficiarias en un estado de desprotección absoluta e implica, necesariamente, un desacato permanente que pone a las y los beneficiarios en un riesgo grave de padecer daños irreparables a sus derechos a la vida, integridad, salud y alimentación», refiere el organismo internacional.
Además, resuelven que «la detención de los beneficiarios de las medidas provisionales ordenadas por ese Tribunal, así como los procesos penales seguidos en contra de todos ellos, evidencian un proceso de hostigamiento y criminalización de las personas que se identifican en oposición al actual gobierno de Nicaragua».
Nicaragua vive una grave crisis política que estalló con las protestas sociales en abril de 2018, situación que fue tratada por policías y paramilitares sandinistas bajo armas y dejó un saldo de 355 muertos, más de 2.000 heridos, 1.600 detenidos y al menos 100.000 exiliados, en su mayoría refugiados en Costa Rica.
