El Ministerio de Gobernación (Migob) de Nicaragua canceló la personalidad jurídica de la Fundación Amigos del Río San Juan (Fundar), ligada al proyecto del Canal Interoceánico de Nicaragua y de corte sandinista.
La resolución ministerial No. 16-2022 OSFL del Migob señala que Fundar estaba en situación legal de incumplimiento al no reportar sus estados financieros de los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. Además, que su junta directiva estaba vencida desde el 19 de noviembre de 2018.
Artículo 66 se contactó con Norving Torres Cardoza, director ejecutivo de Fundar, pero este dijo desconocer del cierre de la ONG y aseguró que se comunicaría con el Migob para saber qué fue lo que pasó. Afirmó que «normalmente» han cumplido con los requerimientos que solicita Gobernación para continuar operando.
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«No había visto eso (que cancelaron la personería jurídica). Tengo que llamar (a Gobernación), tengo que investigar. Voy a ver qué está pasando», subrayó escuetamente Torres.
Fundar acompañó estudio de impacto ambiental del Canal
Fundar trabajó con la firma británica Environmental Resources Management (ERM) que elaboró los estudio de impacto ambiental y social del Canal Interoceánico y sería la encargada de administrar los planes de manejo de biodiversidad de la concesionaria china HKND Group.
El objetivo principal de Fundar sería trabajar en la preservación de los recursos naturales de Nicaragua a lo largo de la obra. Haría actividades como reforestación, restauración de biodiversidad acuática y compensación del megaproyecto.
El 28 de abril de 2018, en medio de la revuelta social de ese año, Fundar se pronunció en respaldo al diálogo convocado por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. La organización afirmó que las protestas sociales habían «alterado la tranquilidad de las familias nicaragüenses y la paz, que con tanto esfuerzo se ha venido construyendo a lo largo de todos estos años y tomando en cuenta que estos eventos solo vienen a atrasar el desarrollo del país».
»Condenamos los actos ejecutados por grupos desestabilizadores en contra de las universidades, centros comerciales, supermercados, edificios públicos y centros de recreación de las familias con el objetivo de presentar ante la opinión pública nacional e internacional, un país inseguro e inestable», rezaba parte del comunicado de Fundar en 2018, pero nada le valió y el régimen le pasó la «guillotina».
La resolución del Migob ilegalizó un total de 100 ONG, incluida Fundar, 91 locales y nueve extranjeras que operaban programas y proyectos en el país. Con esta ronda de cierre de asociaciones, el régimen de Ortega superó las 3,100 ONG canceladas desde diciembre de 2018.
