El periodista deportivo y preso político Miguel Mendoza desistió de la huelga de hambre que anunció en agosto ante la aparente promesa de autoridades policiales de que pronto se reuniría con su hija Alejandra, de ocho años, informó Cristopher Mendoza, sobrino del cronista.
Miguel Mendoza pudo recibir visita familiar la tarde del sábado, 19 de noviembre, tras pasar 84 días bajo incomunicación absoluta impuesta por el régimen a los presos políticos cautivos en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como «El Nuevo Chipote».
En declaraciones a Artículo 66, el también periodista Cristopher Mendoza confirmó que Miguel logró conversar durante dos horas con su esposa, Margin Pozo, a quien le manifestó que «tuvo que desistir de la huelga porque pasó una situación muy particular», sin precisar cuánto tiempo se privó de alimentos.
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«Llegó un funcionario del Chipote que levantó lista de quiénes eran los presos y presas políticas que tenían hijas e hijos menores, uno de ellos fue él (Miguel) y por eso él desistió de continuar con la huelga porque les prometieron que les iban a enseñar a los niños, poder ver a los niños», relató el familiar.
«Sin embargo, Miguel Mendoza considera que es un engaño porque hasta ahora no le han llevado a la niña. Él está triste, esperanzado con ver a Alejandra, le carcome esa situación de no poder ver a su familia», añadió. Miguel Mendoza no ve a su niña desde el 21 de junio de 2021 por órdenes de la dictadura, por lo que había decidido protestar sometiéndose a huelga de hambre.
El cronista deportivo también evaluó su estado de salud para tomar la decisión, debido a que es una persona diabética y porque los presos políticos consideran que el régimen «podría hasta dejarlos morir dentro de El Chipote».
El 27 de agosto fue la última vez que sus familiares lograron verlo hasta el día de ayer. El 1 de septiembre fue llevado a los Juzgados de Managua para ser exhibido ante medios gubernamentales junto a otros dirigentes gremiales presos en El Chipote, luego que las familias de los reos denunciaran el deterioro físico de los encarcelados a causa de los malos tratos.
«Está mucho más flaco de lo que pudimos notar en esa fotografía (mostrada por el régimen). No saben cuánto peso habrá perdido, pero sí se nota más flaco que ese momento», dijo el sobrino.
Agregó que «la familia solicita que la Cruz Roja Internacional pueda inresar para verificar el estado de salud de él. Hasta ahora no hay un dictamen médico o una evaluación médica seria y clara que nos permita conocer cuál es el verdadero estado de salud que tiene».
Presos políticos conocen sobre el arresto de Roberto Larios
Miguel está compartiendo celda con el sociólogo Irving Larios, el directivo del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann y con el líder campesino Pedro Mena, todos presos politicos. «Intentan conversar y mantenerse con buen estado de ánimo», además, «están informados de algunas situaciones, se dieron cuenta cuando entró Roberto Larios (exvocero sandinista del Poder Judicial). Él sabe que está encerrado por ahí Roberto Larios».
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El arresto de Roberto Larios «les ha generado mucha reflexión sobre cómo el régimen es capaz, incluso, de pasarle la cuenta hasta a sus mismos compinches». Para Miguel «este régimen va contra todo y no dudan de los despiadado que puede ser».
Los cuatro presos políticos tienen poco espacio en la celda, no salen al patio, reciben un poco de luz en la misma prisión. Ahí intenta realizar movimientos de brazos y piernas por su estado de salud.
Revisiones denigrantes a familiares de reos políticos
Por otro lado, las autoridades del penal continúan las revisiones abusivas contra los familiares de los reos políticos.
«Margin Pozo prácticamente fue desnudada para poder ingresar, lo cual se considera una violación a su derecho (de visita), un manoseo a la discreción (pudor) de la gente. (Los parientes) consideran que fue un acto nocivo que genera mucha pena», declaró Cristopher.
El abuso fue tal que Miguel Mendoza le pidió perdón a Margin por las situaciones que su esposa debe enfrentar para poder visitarlo.
El periodista y crítico del régimen Ortega y Murillo fue encarcelado en junio de 2021, en medio de una cacería de dirigentes gremiales. Fue declarado culpable por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas, a través de leyes represivas dirigidas contra opositores. La justicia de Ortega y Murillo lo condenó a nueve años de cárcel.