El Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación Nicaragüense por un Futuro Mejor expresó su preocupación tras el anuncio del presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, quien aseguró que se está «tomando medidas» para evitar que los migrantes económicos sigan usando el régimen de refugiados políticos para llegar a trabajar e instalarse en la nación centroamericana.
El comunicado con fecha del 17 de noviembre, la organización señala que ve con preocupación que la comunidad migrante hacia Costa Rica «esté alarmada y malinterprete la decisión del presidente (…) Rodrigo Chaves, quien anunció que Costa Rica “no recibirá más migrantes económicos”».
A su vez, hizo hincapié en que el discurso del Ejecutivo referente a los migrantes «con narrativas no aclaratorias y con cierto grado de populismo» está alentando el crecimiento del nacionalismo agresivo y fomenta la cultura de la xenofobia, «lo que desemboca en discriminación, violencia, agresiones, marginación y otros actos que se ignoran al ojo público, por tanto, recomendamos discreción y responsabilidad en los discursos y resoluciones».
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Remarcó que en Costa Rica se otorga refugio según la Ley de Migración y el Estatuto de los Refugiados (1951), a aquellas personas que son perseguidas por motivos de raza, etnia, credo, ideología, género u origen, cuya integridad corra riesgo y que sus Derechos Humanos pueden ser o fueron vulnerados.
Por su parte, Chaves ha afirmado que entiende que personas de otros países quieran llegar a Costa Rica, «pero tenemos más de 200,000 personas solicitantes de refugio político. Desafortunadamente uno llega hasta donde le alcanza y ya nosotros nos dejó de alcanzar hace mucho tiempo»,.
Toda persona debe de cumplir con entrega de evidencia
El organismo recordó que toda persona tiene derecho a solicitar asilo en cualquier país del mundo «y que ningún país puede negar ese derecho», sin embargo explicó que para que se otorgue ese derecho «se deben de llevar a cabo ciertos protocolos y estudios que valorarán si la persona está dentro de los parámetros de riesgo establecidos a nivel nacional e internacional».
«Toda persona que solicite Protección Internacional en Costa Rica tiene la obligación de cumplir con la entrega de evidencia que sustente su
petición, y a su vez cumplir con lo que el Estado costarricense demande para garantizar el otorgamiento de esta condición», aclaró.
El Observatorio llamó a la comunidad internacional a apoyar económicamente a Costa Rica para que supla las necesidades inmediatas derivadas de las migraciones, los gastos institucionales y de tramitación, así como para garantizar políticas públicas de inserción e integración de las personas refugiadas.
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Por último se le recordó al gobierno tico que al ser un país signatario de Tratados Internacionales de Derechos Humanos está obligado a recibir a toda persona que solicite asilo o refugio en su territorio, «de lo contrario, estaría incurriendo en violación al Derecho Internacional, Tratados Internacionales y su propia Carta Magna».
Nicaragua es el país que más migrantes y refugiados envía al país centroamericano. Datos oficiales señalan que Costa Rica ha recibido más de 200 mil solicitudes de refugio desde el año 2018, cuando Nicaragua registra la peor crisis de derechos humanos de su historia moderna.
La mayoría de esas solicitudes corresponde a nicaragüenses que han huido del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, algunos por razones políticas y otros por la grave crisis sociopolítica, económica y de derechos humanos que arrastra Managua desde hace cuatro años.
