Opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo consideran que el retorno del preso político José Adán Aguerri a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como «El Chipote», se hizo fuera de cualquier procedimiento legal. Además, que esa decisión del régimen es «arbitraria y nula de nulidad absoluta».
El reo de conciencia fue sacado de su vivienda el mediodía del miércoles, nueve de noviembre, donde se encontraba bajo arresto domiciliario por padecer diversos problemas de salud, revelaron fuentes de la Alianza Cívica a Artículo 66. Aguerri fue detenido el 8 de junio de 2021 y el pasado 18 de agosto de 2022, tras 14 meses en prisión, fue enviado a su casa.
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El abogado e integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (Unab), Juan Diego Barberena, explicó a Artículo 66, que la actuación de la dictadura de Ortega y Murillo no es conforme al procedimiento legal, porque el decreto de prisión domiciliaria fue dictado por la autoridad judicial y debe ser esta la que reenvíe al acusado a la cárcel basada en causales que le den procedencia a tal decisión. Subraya que el traslado de Aguerri a la cárcel también podría ser una «medida de coacción para el resto de empresarios sobre lo que les puede pasar».
«Al no haberse agotado el procedimiento y no saberse la procedencia de las causales, estamos ante un reenvío al Chipote arbitrario y nulo de nulidad absoluta. Creo que este acto es un mensaje que la dictadura manda, que ahora, con el control totalitario de todos los espacios políticos y sociales, puede hacer cualquier tipo de actos y desvíos de poder sin importar nada y sin ningún tipo de contrapeso», destacó el opositor.
La opositora Daysi George West, coordinadora del Consejo Ejecutivo de la Alianza Cívica, de la que es parte el preso político, asegura que en Nicaragua no hay Estado de Derecho y que las únicas leyes que tienen vigencia y son aplicadas en el país son las «leyes antidemocráticas que sus diputados aprobaron», en referencia a la Ley de Agentes Extranjeros, Ley de Soberanía y la Ley Especial de Ciberdelitos, usadas para perseguir, encarcelar y condenar a la oposición.
«El traslado nuevamente al régimen carcelario de José Adan es una autodecisión (que se hizo) todo fuera de la ley. Nicaragua vive momentos muy difíciles, porque el autoritarismo es real, la impunidad también y la criminalización de todo acto democrático es una verdad», dijo George a Artículo 66.
José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), fue acusado por el supuesto delito de «conspirar para cometer menoscabo a la integridad nacional», una figura jurídica inventada por el régimen para encarcelar a la disidencia. El juez Quinto de Distrito Penal de Juicios, Félix Ernesto Salmerón Moreno, sancionado por Estados Unidos por enjuiciar a opositores y socavar la democracia, lo condenó a 13 años de prisión e inhabilitó para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
