El obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, cumple este tres de octubre 60 días de secuestro por órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de ser sustraído por agentes policiales de la Curia Episcopal de Matagalpa, la madrugada del 19 de agosto. Defensores de derechos humanos piden conocer el estado actual del religioso.
La abogada defensora Martha Patricia Molina denunció esta mañana que «el régimen Ortega-Murillo sigue sin informar sobre su estado físico y psicológico», al mismo tiempo que cuestionó el paradero del religioso y exige al régimen que informe dónde se encuentra el jerarca. Monseñor Álvarez fue reducido a «arresto domiciliar» y según información no oficial se encuentra en casa de unos familiares.
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El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció recientemente que «la falta de información sobre las condiciones físicas y psicológicas de monseñor Rolando Álvarez han generado numerosas versiones sobre su paradero. Al ocultarlo lo tienen secuestrado, está desaparecido. Exigimos al régimen que lo muestre».
El régimen de Ortega ha señalado que la detención arbitraria del Álvarez fue para «recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas». Junto con el también administración apostólico fueron detenidos sacerdotes, seminaristas y laicos, que, según el único reporte que dio la Policía, se encuentran encerrados en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, en Managua, conocidas como «El Nuevo Chipote».
La Curia Episcopal de Matagalpa continúa tomada por agentes policiales, según denunció recientemente el abogado Yader Morazán. «La Curia propiedad de la Iglesia, y no de monseñor Álvarez (secuestrado) sigue tomada por la Guardia. La zozobra continua en la pequeña ciudad, porque en las dos cuadras que cubre esa esquina no dejan estacionar a nadie, pese a no haber conos. Golpean a quien lo haga», refirió el exfuncionario judicial.
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Hasta la fecha, el régimen mantiene tras las rejas a nueve sacerdotes, dos de ellos —monseñor Leonardo Urbina de Boaco y el padre Manuel Salvador García— condenados por delitos comunes, además ha impedido la libertad de culto.
Después de las protestas sociales del 2018, la dictadura de Ortega ha arremetido contra la Iglesia católica de Nicaragua, tildándola de «golpista» y «terrorista». En este 2022, la institución religiosa ha experimentado la mayor represión que habría vivido en el país.