La organización feminista La Corriente recordó, en el Día de Acción Global por la Despenalización del Aborto, la «sistemática violación a los derechos sexuales y reproductivos» de las mujeres de parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«El Estado nicaragüense lejos de desarrollar políticas públicas de educación sexual integral, prevención de la violencia machista y mejora de los servicios públicos de salud sexual y reproductiva, ha promovido la naturalización de embarazos y maternidades forzadas de niñas y adolescentes, presentándolo como un “rasgo de la cultura nicaragüense”, en abierta violación de tratados internacionales que establecen compromisos claros para la protección de sus derechos», denuncia la organización defensora.
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Destacan que la situación de embarazos en niñas y adolescentes aumenta cada año debido a la «violencia, la discriminación y la pobreza a
que han sido condenadas por un Estado que, pese a su retórica socialista, durante los últimos 15 años ha dado continuidad y profundizado una economía neoliberal que perpetúa las enormes brechas de desigualdad».
La Corriente rechaza la penalización del aborto en Nicaragua de manera absoluta pues consideran que constituye una «sistemática violación de los
derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, incluyendo el derecho a elegir una maternidad deseada, segura y realizada en condiciones confortables».
«El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no solo penalizó el aborto de manera absoluta, sino que, esconde información sobre el
impacto que ello tiene sobre la vida de las niñas, adolescentes y mujeres que enfrentan embarazos de alto riesgo. La censura impuesta, alcanza al personal de salud, familias de las víctimas y medios de comunicación bajo su control», denuncian las feministas.
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Diversos comités de la Organización de Naciones Unidas (ONU) han expresado su «preocupación» por el impacto de la prohibición en los derechos a la vida y salud de las mujeres y niñas. Además, han pedido a Nicaragua que modifique la legislación de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
El artículo 165 del Código Penal de Nicaragua, que permitía el aborto terapéutico desde hace más de cien años, fue derogado en la víspera de las elecciones presidenciales de 2006, un año antes que el dictador Daniel Ortega retornara a la Presidencia de Nicaragua.
Una iniciativa ciudadana presentada por colectivos de mujeres y feministas, presentada a la Asamblea Nacional en 2015, proponía despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la salud de la mujer o niña embarazada, incluidos los casos de violación sexual. Esta propuesta fue firmada por más de 6 mil personas. En abril de 2017, la Asamblea rechazó la iniciativa sin haberla sometido a debate.
