Al menos 42 organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres en Nicaragua fueron despojadas de su personalidad jurídica durante el mes de agosto, reportó la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
En un comunicado, la entidad mesoamericana denunció que la administración de Daniel Ortega continúa con «las oleadas masivas de cancelaciones» a ONG.
Detalló que 147 organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres han sido canceladas ilegalmente desde 2018 en Nicaragua.
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IM-Defensoras subrayó que la Asamblea Nacional, al servicio del la dictadura de Ortega, era la encargada de ilegalizar a las ONG, pero que desde agosto, con la reforma a la Ley 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, el Ministerio de Gobernación (MIGOB) es quien ha dado la orden de cancelar a más entidades.
A través de la reforma a la ley referida a las ONG aprobada el 11 de agosto, la aplanadora sandinista le otorgó al Migob el poder absoluto de despojar de la personalidad jurídica a las organizaciones mediante acuerdos ministeriales, sin necesidad de pasar por el Ejecutivo.
El organismo mesoamericano señaló que «la cancelación de estas organizaciones se ha apoyado en procedimientos arbitrarios por parte de las instituciones responsables, las cuales han puesto todo tipo de obstáculos o directamente se han negado a recibir la documentación administrativa requerida por ley, pese a presentarla en tiempo y forma».
Asimismo, denunció que tras la ilegalización de las entidades, aparte de desmantelar las oficinas y requisar los bienes de estas, el régimen de Ortega criminaliza, hostiga y ataca a sus integrantes.
«Como ejemplo de ello, cabe recordar la reciente ocupación y confiscación ilegal de las instalaciones del Colectivo de Mujeres de Matagalpa por parte de la Policía Nacional, la cual denunciamos a través de una alerta urgente el pasado jueves 1 de septiembre», indicó.
IM-Defensoras aseguró que no se «cansaran» de reiterar que la cancelación de la personalidad jurídica a las organizaciones feministas tiene un «grave impacto» sobre los derechos de las mujeres nicaragüenses, «dejándolas en una situación de mayor vulnerabilidad, exposición a la violencia y a la vulneración de sus derechos fundamentales».
«Condenamos este nuevo acto arbitrario del gobierno neoliberal, corrupto, misógino y totalitario de Daniel Ortega contra las organizaciones feministas y contra los derechos de las mujeres nicaragüenses», se lee en el comunicado.
Además, instaron a «la comunidad internacional y a la solidaridad feminista a acuerpar a estas organizaciones y alzar la voz para denunciar esta nueva arbitrariedad contra las organizaciones feministas y por los derechos de las mujeres en Nicaragua».
