Desde finales de 2006 en Nicaragua se prohibió toda forma de aborto, se penalizó la práctica y las leyes fueron reformadas para criminalizar a las mujeres que recurrieran a interrumpir sus embarazos. La prohibición del aborto ha provocado que estos procedimientos se practiquen en forma clandestina.
En el informe sobre la situación de los DD. HH. en Nicaragua, que presentará la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), representada por Michele Bachelet, se recomienda al Estado nicaragüense que «modifique la prohibición total del aborto en el Código Penal para que cumpla con las normas y estándares internacionales sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».
Según la declaración que será leída por Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la prohibición del aborto en Nicaragua «no admite excepción alguna, ni siquiera por razones terapéuticas», obstaculiza los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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«El derecho humano a la salud incluye el derecho a controlar la salud y el cuerpo, incluida la libertad sexual y reproductiva, y requiere la eliminación de todas las barreras que interfieren con el acceso a los servicios de salud, la educación y la información, incluso en el área de la salud sexual y reproductiva», señala el informe.
Diversos comités de la ONU han expresado su «preocupación» por el impacto de la prohibición en los derechos a la vida y salud de las mujeres y niñas. Además, han pedido a Nicaragua que modifique la legislación de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos.
El artículo 165 del Código Penal de Nicaragua, que permitía el aborto terapéutico desde hace más de cien años, fue derogado en la víspera de las elecciones presidenciales de 2006, un año antes que el dictador Daniel Ortega retornara a la Presidencia de Nicaragua.
Una iniciativa ciudadana presentada por colectivos de mujeres y feministas, presentada a la Asamblea Nacional en 2015, proponía despenalizar el aborto cuando esté en riesgo la salud de la mujer o niña embarazada, incluidos los casos de violación sexual. Esta propuesta fue firmada por más de 6 mil personas. En abril de 2017, la Asamblea rechazó la iniciativa sin haberla sometido a debate.
Ante el hermetismo del Estado con las estadísticas oficiales, se desconoce la cantidad de aborto ilegales que se practican en el país, si existen mujeres criminalizadas y médicos detenidos o condenados.
